El gobierno de Maru Campos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mostró una vez más su intolerancia hacia las protestas sociales, evidenciando una clara postura represiva contra las mujeres que se manifestaban por sus derechos el pasado 8 de marzo. Durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Chihuahua, agentes de seguridad, vestidos de civil, cometieron una serie de abusos, deteniendo arbitrariamente a tres mujeres activistas, empleando el uso desproporcionado de la fuerza y vulnerando flagrantemente los derechos humanos.
Véase también: La amenaza global de la ultraderecha al Feminismo
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de manifestantes, integrantes del bloque negro, intentó denunciar las condiciones de violencia estructural contra las mujeres, un acto que fue reprimido violentamente por al menos 14 agentes de la policía estatal. Los oficiales, sin identificarse como tal y sin seguir los protocolos establecidos, arrastraron a las detenidas y las subieron a patrullas sin explicarles los motivos de su arresto. Además, intentaron dispersar a otras mujeres que se acercaron a defender a sus compañeras, utilizando pistolas eléctricas para intimidarlas y controlar la situación.
Lo sucedido esa tarde deja claro que el gobierno de Maru Campos no está dispuesto a garantizar el derecho a la protesta ni a proteger a quienes luchan por sus derechos. La intervención policial no solo fue excesiva, sino también carente de justificación. Las mujeres fueron acusadas de irrumpir en un edificio público, pero ni la fiscalía ni los agentes mostraron evidencias claras que respaldaran esa acusación. De hecho, las mujeres detenidas fueron liberadas horas después, lo que demuestra la falta de fundamento en su arresto.
Este tipo de intervenciones no son aisladas. Se suman a una serie de acciones represivas que el gobierno de Campos ha llevado a cabo en contra de movimientos sociales y feministas, buscando silenciar las voces que exigen justicia, seguridad y derechos para las mujeres. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a los agentes arrastrando a las detenidas y actuando con total impunidad, sin que se les reconociera su responsabilidad en los hechos.
El hecho de que los policías estuvieran vestidos de civil y no de uniforme solo refuerza la sensación de opacidad y abuso de poder por parte de las autoridades. En lugar de garantizar la seguridad de las manifestantes y respetar su derecho constitucional a protestar, el gobierno de Maru Campos optó por aplicar un uso excesivo de la fuerza, utilizando tácticas intimidatorias que violan los principios básicos del derecho a la manifestación pacífica.
Además, la irresponsabilidad del gobierno estatal quedó patente cuando no se reconoció el abuso de poder ni se ofreció una explicación clara sobre las agresiones. En lugar de actuar con transparencia y asumir su responsabilidad, las autoridades justificaron las acciones de los agentes, lo que refleja un patrón constante de negación ante los derechos de las mujeres y la criminalización de la protesta social.
Este episodio es un claro reflejo de cómo el gobierno de Maru Campos está dispuesto a someter las luchas feministas y las demandas sociales con tal de proteger sus intereses y mantener el control. Las mujeres que salen a las calles a exigir justicia no solo se enfrentan a la violencia estructural, sino también a la represión institucional que, lejos de ser un acto de protección, se convierte en una amenaza a sus derechos más básicos.
La falta de medidas reales para erradicar la violencia contra las mujeres y la persecución de quienes alzan la voz son el rostro más claro de un gobierno que no está comprometido con los derechos humanos. Mientras las autoridades intentan silenciar a las manifestantes con golpes y arrestos arbitrarios, las mujeres de Chihuahua continúan alzando su voz en busca de justicia, en un contexto donde la impunidad sigue siendo la regla, y no la excepción.
Foto: El Ciudadano
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