El Paquete Económico 2025 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto clave en la definición del rumbo de su gobierno. Norma Godín: Lo que no está en el presupuesto no existe.
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La secretaría de Hacienda dice que la propuesta, enviada el pasado 15 de noviembre a la Cámara de Diputados y el Senado, se erige como un esbozo de desarrollo económico centrado en la justicia social y el bienestar de la población, mientras busca un equilibrio en el manejo de las finanzas públicas.
A primera vista, el presupuesto parece un intento legítimo de cumplir con los principios de equidad y estabilidad financiera; sin embargo, un análisis más profundo sugiere tanto sus fortalezas como los desafíos que enfrenta.
El marco macroeconómico proyecta un crecimiento de entre 2% y 3% para 2025, respaldado por factores como un mercado laboral sólido y un consumo privado robusto. Esto es alentador, y quizá peca de optimista, especialmente en un contexto global caracterizado por la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados. La administración de Sheinbaum parece apostar por la inversión pública como motor de desarrollo, al tiempo que busca atraer capital privado mediante un enfoque de inclusión regional. No obstante, persiste la pregunta de si este crecimiento será suficiente para reducir de manera tangible la pobreza y la desigualdad estructural que aún afectan a millones de mexicanos.
El paquete económico también prevé un compromiso con la consolidación fiscal. La reducción del déficit presupuestario, de un 5% del PIB en 2024 a un 3.2% en 2025, es una señal clara de que el gobierno busca mantener una senda de disciplina fiscal. Este esfuerzo, combinado con la meta de estabilizar la deuda pública en un 51.4% del PIB, puede ser visto como un intento de garantizar la confianza de los mercados financieros y evitar riesgos inflacionarios. Sin embargo, el desafío radica en encontrar el balance entre esta disciplina fiscal y la necesidad de no estrangular el gasto en programas clave que contribuyen al bienestar social.
La priorización de programas sociales sigue siendo uno de los ejes del presupuesto. Se garantizará la asignación de recursos para apoyar a los sectores de menores ingresos, promoviendo el bienestar y contribuyendo a un crecimiento más equitativo. Este compromiso refleja la continuidad de la política social de los últimos años y es una respuesta directa a las profundas desigualdades que han sido exacerbadas por la pandemia de covid-19. Aun así, el reto será asegurar que estos programas sean eficaces, medibles y sostenibles a largo plazo, evitando un enfoque meramente asistencialista.
Aunque el error en la disminución del presupuesto de la UNAM y el IPN fue aclarado por la Secretaría de Hacienda, falta saber qué ocurrirá con el resto de las universidades públicas y la disminución en ramas sociales tan importantes como la cultura.
En el terreno tributario, el paquete económico se centra en el fortalecimiento del sistema de ingresos mediante medidas de digitalización y simplificación administrativa. La estrategia de combatir la evasión fiscal sin recurrir a nuevos impuestos o aumentar la carga tributaria es, sin duda, ambiciosa. La digitalización tiene el potencial de hacer más eficiente el sistema fiscal, cerrar brechas y brindar mayor transparencia. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley en un país donde la informalidad sigue representando un desafío monumental. Se requiere un aparato tributario que, además de moderno, sea implacable con la evasión fiscal de grandes contribuyentes.
No obstante, el Paquete Económico 2025 enfrenta una serie de desafíos que no deben ser ignorados. En un mundo donde la economía global continúa siendo inestable, los riesgos asociados a un entorno internacional impredecible, sumado a los posibles embates climáticos o geopolíticos, exigen que México esté preparado para responder con agilidad. Además, es fundamental que el gasto público sea transparente y que se fortalezca la rendición de cuentas para evitar posibles desvíos de recursos o uso discrecional en el contexto electoral que se avecina.
El enfoque regional del presupuesto, que busca reducir las brechas económicas entre el norte y el sur del país, es loable y debe ser una prioridad constante. La marginación histórica de regiones como el sur-sureste ha sido un lastre para el desarrollo del país. La infraestructura, la educación y el acceso a servicios básicos deben ser pilares de este enfoque si se busca que la inclusión regional sea algo más que un discurso bien intencionado.
Por último, si bien el paquete presupuestario refleja un esfuerzo por garantizar estabilidad, es importante recordar que las decisiones presupuestarias no solo deben medirse por sus efectos económicos, sino por su impacto social y político. La gestión del gasto público tiene implicaciones directas en la legitimidad y credibilidad del gobierno ante la ciudadanía. Las promesas de consolidación fiscal, justicia social y fortalecimiento del sistema tributario deben ir acompañadas de resultados palpables que mejoren la vida cotidiana de las y los mexicanos.
El Paquete Económico 2025 puede ser un paso hacia un México más justo, equitativo y próspero, pero ello dependerá de una ejecución impecable y de la capacidad del gobierno para adaptarse a un entorno cambiante. El éxito radica no solo en las cifras, sino en la capacidad de transformar buenas intenciones en realidades concretas para quienes más lo necesitan. Eso pienso yo, usted qué opina.
La política es de bronce.
@onelortiz
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