A dos semanas de su extradición a Estados Unidos, los líderes del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales (alias ‘Z-40’) y su hermano Omar Treviño Morales (alias ‘Z-42’), se declararon no culpables de los múltiples cargos que enfrentan, entre ellos tráfico de drogas, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y crimen organizado.
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Durante la audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito de Columbia, ambos comparecieron ante el juez Trevor N. McFadden en la sala 2 de Washington D.C. a las 10:00 horas (8:00 horas tiempo de México), donde, vestidos con uniformes de prisión color azul y con esposas en los pies, escucharon la lectura de los cuatro cargos formales en su contra. Acompañados por su abogado, Clark Birdsall, conocido por ser parte de la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, los Treviño Morales negaron su culpabilidad en todas las acusaciones.
La breve audiencia también incluyó la presencia de Alfredo Rangel Buendía, alias ‘El Chicles’, ex jefe de plaza de Los Zetas en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también se declaró no culpable de cargos relacionados con el tráfico de cocaína y marihuana.
El juez McFadden programó la próxima audiencia para el 13 de junio de 2025, tiempo durante el cual los acusados permanecerán en prisión. El aplazamiento se debe a la complejidad del caso, ya que la evidencia incluye grabaciones, intervenciones de comunicaciones y grandes volúmenes de información digital.
Posible pena de muerte
El caso toma mayor relevancia debido a que la Fiscalía General de Estados Unidos informó el pasado 12 de marzo que podría solicitar la pena de muerte para los hermanos Treviño Morales, en caso de que sean declarados culpables. Los fiscales argumentaron la gravedad de los delitos y pidieron más tiempo para evaluar la estrategia legal.
Los cargos formales contra los líderes de Los Zetas incluyen participación en una empresa criminal continua, conspiración para traficar drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero. Estas acusaciones representan el final de un largo camino judicial, iniciado tras la captura de Miguel Ángel en 2013 y Omar en 2015, aunque su extradición fue obstaculizada por amparos y recursos legales en México hasta que finalmente fueron entregados a las autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo bilateral.
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