En medio de una crisis diplomática y a punto de ser expulsado de la Organización de las Naciones Unidas, Ecuador abrió las urnas a las 7:00 AM hora local en una jornada electoral clave, donde más de 13.6 millones de electores están convocados a participar en una consulta popular y referendo. La votación, inaugurada con un acto oficial en Quito, busca definir el rumbo de políticas gubernamentales y estructurales en respuesta a problemas críticos como la violencia y la corrupción.
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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aseguró la legalidad, legitimidad y transparencia del proceso electoral, mientras destacaba la complejidad de la jornada que promete transformar significativamente el marco jurídico y administrativo del país. Los primeros resultados se esperan a partir de las 19:00, según informó Atamaint durante el evento.
En un llamado a la ciudadanía, y en medio de la polémica, el presidente Noboa instó a los votantes a decidir por «el futuro que queremos», comprometiéndose a respetar la decisión popular. Subrayó que los resultados del referendo dictarán las políticas a seguir para combatir desafíos como el crimen organizado y mejorar la generación de empleo.
Los votantes enfrentan 11 preguntas críticas, cinco de las cuales proponen enmiendas constitucionales que incluyen la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía y la posibilidad de extraditar a ecuatorianos. Otras cuestiones buscan instaurar juzgados en materia constitucional y reconocer los arbitrajes internacionales, además de introducir contratos laborales más flexibles.
Las reformas propuestas también buscan endurecer las penas para delitos graves como el terrorismo, narcotráfico y asesinato, entre otros. Estas modificaciones legislativas han generado debates intensos y han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones sociales y políticas.
La votación se extenderá hasta las 17:00, tras lo cual comenzará el escrutinio de votos. Este proceso es visto como un momento trascendental para Ecuador, que podría marcar una nueva dirección en su política y estructura gubernamental.
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