Energía positiva vs negativa en la nueva Ley de la Industria Eléctrica

Francisco Herrera Coca

Uno de los temas que más ha polarizado a la opinión pública en días recientes es la discusión de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

Tras su aprobación en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la iniciativa se discutió el martes en el pleno y, tras una discusión que se prolongó por 17 horas, fue aprobada con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.

Los opositores de AMLO han bautizado esta iniciativa como la “Ley Apagón”, la cual, dicen, incrementará las tarifas que pagan tanto viviendas como negocios por el uso de la energía eléctrica. Entre los argumentos en contra destacan las acusaciones de que esta reforma impedirá el crecimiento de las llamadas “energías limpias” en México y detendrá la llegada de más inversionistas extranjeros.

Al respecto, la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece) emitió el pasado 15 de febrero una recomendación para no aprobar dicha iniciativa con el argumento de que “lesionaría severamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica”. En el documento se señalan tres puntos principales:

“1) Elimina la regla de despacho de la electricidad más barata para beneficiar artificialmente a la CFE, en detrimento de otros generadores, 2) restringe injustificadamente el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, 3) permite a CFE SSB adquirir electricidad por métodos no competidos, eliminando la necesidad de hacer subastas, y 4) otorga amplia discrecionalidad a la CRE para decidir sobre el otorgamiento (o no) de permisos para operar como generador o suministrador”.

Comisión Federal para la Competencia Económica

La Cofece también alertó sobre el peligro de que México incumpla sus compromisos a nivel internacional de generar, en 2024, de que al menos 35 por ciento de su consumo energético sea producido por energías limpias.

Por su parte, López Obrador ha enfatizado que la nueva ley no busca incrementar las tarifas en el uso de la energía eléctrica, sino terminar con los contratos desventajosos para el Estado mexicano y permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a ser una empresa competitiva.

Luz y sombra

En el marco de esta discusión, el ingeniero Armando Etcheverry y Beltrán, asesor de la Secretaría de Energía (Sener), señaló que en Europa, algunos países como Alemania se apresuraron en hacer la transición a energías limpias lo que los llevó a tener una sobreproducción, por lo que tuvieron que dar marcha atrás y volver a regular el tema sin dejar fuera a las energías producidas por combustibles fósiles, debido a que las primeras son intermitentes y menos confiables, ya que están sujetas a factores impredecibles como el clima.

Uno de los problemas que tienen los actuales contratos, mencionó Etcheverry, es que el Estado debe pagarles a las empresas de energía solar o eólica una cifra fija independientemente de si producen o no energía.

Como ejemplo de lo anterior, el periódico La Jornada publicó el pasado 12 de febrero que la empresa española Iberdrola ha recibido un subsidio de 56 mil 175 millones de pesos para operar el parque eólico ubicado en La Venta, Oaxaca.

Actualmente, el gobierno mexicano debe comprar la electricidad a quien se la venda más barata, mediante una subasta.

Con la nueva ley, que aún debe discutirse en el Senado, se prioriza la energía producida en las hidroeléctricas del gobierno mexicano, la energía generada en otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se dejan al final las energías eólicas o solares de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.

De ahí la importancia de establecer nuevos contratos para la entrega física de energía y capacidad en la red, los cual, asegura la iniciativa de AMLO, permitirá eliminar erogaciones fiscales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la nación; además de poner fin a la simulación de precios en un mercado que en la actualidad favorece la especulación de los productores privados, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad.

Otro de los puntos importantes de esta ley es que eliminará la obligatoriedad de comprar por subastas al suministrador de servicios básicos y obligará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento que hayan sido obtenidos mediante prácticas de fraude a la ley. Una vez que entre en vigor la nueva ley, los entes reguladores tendrán seis meses para la revisión de dichos convenios.

Prácticas fraudulentas

El tema del autoabastecimiento ha sido parte central de la polémica. El ingeniero Isidro Rodríguez Carbajal, ex subgerente de ingeniería y mantenimiento de ductos y terminales de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), explica que en ocasiones “una empresa saca un permiso para autoabastecerse, y de repente, todos los Oxxos, que son 12 mil, se cuelgan de ese contrato y CFE tiene que llevar energía eléctrica y distribuirla con unos costos mínimos”, lo que provoca fuertes pérdidas económicas a la paraestatal.

Pese a las revocaciones contractuales, se abre la posibilidad de que los productores independientes de energía firmen nuevos contratos que sean rentables para el Estado mexicano.

Cabe destacar que la mayoría de estos contratos fueron firmados durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con duraciones aproximadas de 25 años.

Para Etcheverry, México tiene la ventaja de contar con ríos y presas que producen energía eléctrica a través de 80 hidroeléctricas, las cuales cubren actualmente el diez por ciento de la necesidad de consumo de electricidad; cifra que se incrementaría con el plan del actual gobierno de construir otras 60 plantas de este tipo, lo que contribuiría a la producción de energías limpias.

“La nueva ley no está peleada con la producción de energías limpias, sólo que deben producirse con regulación y con contratos justos”

Armando Etcheverry

Etcheverry agregó que las fuentes alternativas pueden usarse siempre y cuando no pongan en riesgo el suministro de electricidad en el país.

Otro ejemplo de esto es la planta de residuos sólidos urbanos que construye actualmente el gobierno de la Ciudad de México, que utilizará los gases producidos por la basura para generar energía eléctrica.

Importación de gas

El ingeniero Rodríguez abundó sobre los problemas provocados por el suministro de gas natural para la generación de energía eléctrica.

La semana pasada, México sufrió una serie de apagones en el norte del país tras la suspensión de suministro de gas desde Texas, que enfrentó unas nevadas inéditas y detuvo las exportaciones.

México cuenta con pocos yacimientos de gas y hay poca inversión en exploración, por lo que ha preferido comprarlo en el extranjero, en particular de Texas, de donde viene el 90 por ciento del gas que requiere la industria eléctrica mexicana.

Hace diez años, México importaba de Estados Unidos mil millones de pies cúbicos de gas por día y Pemex producía cinco mil millones de pies cúbicos diarios. En 2019 se importaron cinco mil millones de pies cúbicos por día y Pemex redujo su producción a dos mil 600 millones diarios. Por esto, el experto llamó a diversificar las fuentes de generación de energía, lo mismo fósiles que limpias como eólica, solar o geotérmica.

Mencionó que los siete principales gasoductos propiedad de empresas privadas son manejados por dos compañías internacionales, Ienova y TransCanada, y dos mexicanas, Fermaca y Grupo Carso, esta última propiedad de Carlos Slim.

Pese a que es el gobierno mexicano quien compra el gas en EU, la CFE paga a estas compañías por transportarlo, costo que incluye un gasto fijo por inversión, gastos de operación, mantenimiento, exploración y los consumibles de las empresas, sin importar si transportan o no gas. Estos convenios fueron firmados por 25 años con opción a renovarlos por otros 25.

La discusión sobre la nueva ley seguirá en los próximos días, con la oposición asegurando que la única intención es provocar un apagón en el país y promover el uso de energías contaminantes y Morena y sus aliados señalando la corrupción detrás de los contratos con las empresas privadas.