Estados y municipios sí decidirán gasto para su publicidad; ajustan «Plan B»

La modificación se presenta tres meses después de entrar en vigor la propuesta de AMLO en materia electoral en el país

Lorena Vázquez

22/03/2023 11:30pm

La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el tope de gasto mínimo de 0.1% para comunicación social establecido en el «Plan B» de la reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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El Pleno decidió dejar sin efecto el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, tras una votación que resultó en 470 sufragios a favor, una abstención y cero en contra.

Los legisladores incluyeron un nuevo párrafo que permitirá a las entidades y municipios decidir el monto que destinarán al gasto para la publicidad institucional.

Morena defiende corrección a «Plan B»

Durante la presentación del referido dictamen en comisiones, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio César Moreno, dijo que el nuevo ajuste garantizará “el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna”.

“Es una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, conforme a los principios de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, economía y racionalidad presupuestaria”
Julio César Moreno
Diputado morenista

Es necesario mencionar que la reciente modificación se presenta tres meses después de que el llamado «Plan B» entró en vigor tras ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento enviado al Senado de la República, para efectos constitucionales, menciona que sin las modificaciones a la noma, las entidades no contarían con los recursos suficientes para informar a los ciudadanos sobre las acciones de sus gobiernos, «originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información».