En conferencia matutina de prensa del 8 de abril, el gobernador Miguel Barbosa emitió un pronunciamiento sobre la batalla que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) libra contra la alcaldesa con licencia Claudia Rivera Vivanco. A pregunta de Imagen Televisión, sobre el decreto emitido ayer por la referida Corte, que impide al gobierno del estado de Puebla asumir el control de la seguridad en Puebla capital, el gobernador glosó un recuento histórico del particular.
«Si hacemos un poquito de memoria, fue por allá de marzo del 2020 cuando iniciamos un diálogo político con el ayuntamiento, con la entonces presidenta (en referencia a Claudia Rivera), para poder compartir de manera coordinada la responsabilidad de la seguridad pública en el municipio, por los altos índices de delincuencia.
Fiel a la retórica que ha asumido a lo largo de este conflicto, Barbosa Huerta no dejó pasar la oportunidad para referirse una vez más al porcentaje de delitos del estado de Puebla que toman lugar en su capital.
«Puebla genera hasta el 45 por ciento de los delitos que se cometen en el estado (…). Yo acordé con la presidenta que Carla Morales sería la encargada. Pero allá en el ayuntamiento iban y venían de México llevando pasteles, llevando dulces, llevando talavera para ganar conciencias y opiniones, hasta que un buen día se armó un relajo político y ya. Emitimos el decreto e inmediatamente reaccionaron e interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
«Desconocieron todos los acuerdos. Después vino la designación de Carla Morales. Primero vino el decreto por el cual asumíamos el control de la seguridad pública y después vino la designación de Carla Morales. Como los decretos de esta naturaleza deben tener un plazo, primero le dimos un plazo, en un transitorio en un tercer decreto y finalmente al vencerse en marzo de 2021 el plazo del decreto, emitimos otro decreto.
«Lo que allí resuelve la corte, porque ya no tenían vigencia ni materia, son dos casos: el primer decreto, que ya está agotado en plazo y el nombramiento de Carla Morales. Pero están vigentes otros dos decretos: los últimos. Entonces, la discusión en la Corte sobre si el Gobierno del Estado deba asumir la seguridad pública en el municipio está vigente. Eso es lo real. Aquí nadie ganó. Aquí quien pierde es Puebla. Nosotros somos quienes nos hemos hecho cargo de las detenciones. Del lado del ayuntamiento detienen a puros borrachitos«, concluyó el gobernador.
Cabe mencionar que El Ciudadano publicó hace 12 días un seguimiento sobre este conflicto entre la gubernatura y la alcaldía en torno a la seguridad pública en Puebla capital.
A guisa de corolario a su recuento histórico, el gobernador encomendó a la reportera de Imagen Televisión notificar a los empresarios mediáticos Pedro Cabañas y Raimundo Alonso que no obtendrían ningún convenio comercial con el gobierno del estado de Puebla. Al momento de la redacción de la presente nota, ninguno de ellos se había dado por aludido en sus redes sociales públicas.
Ya investigan descargas clandestinas al Río Atoyac
El gobernador dio a conocer durante su conferencia que el gobierno del estado se encuentra trabajando en la identificación de empresas que han vertido descargas clandestinas al Río Atoyac. El mandatario especificó que los horarios en que este tipo de descargas aumentan son los domingos por la noche, provenientes de drenajes públicos y privados, de granjas y de otras empresas. Sin embargo, dejó claro que para que se logre un completo saneamiento del río, se requerirá la participación del gobierno de Tlaxcala y también del gobierno federal.
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