Ex concejales de Pantelhó sentenciados a 110 años: Denuncian irregularidades en el juicio

El juicio que culminó con una sentencia de 110 años de prisión para los ex funcionarios de Pantelhó, Pedro Cortés López, ex presidente del concejo municipal, y Diego Mendoza Cruz, ex regidor, está siendo señalado por su falta de transparencia y diversas irregularidades, de acuerdo con la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh).

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La organización destacó que la jueza a cargo del caso, Guadalupe Flores Rocha, diferió en 14 ocasiones el inicio del juicio oral, aduciendo justificaciones como solicitudes del defensor público, la falta de datos en la carpeta de investigación, y fallas logísticas en el transporte del penal de El Amate, entre otras razones. Según Clifodh, estos retrasos violan el derecho a una justicia pronta y eficaz, obstaculizando el acceso a un proceso judicial justo.

El comunicado de la Clifodh también hace referencia a la falta de respeto a los principios establecidos por la Constitución Mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En particular, subraya que el diferimiento de las audiencias no debe ser la norma, sino una excepción, según lo estipulado en el artículo 20, fracción X, de la Carta Magna.

Además, la organización denuncia que, cuando finalmente comenzó el juicio en noviembre, se presentó una exposición deficiente por parte de la Fiscalía, que no ofreció pruebas contundentes, sino que recurrió a información extraída de medios de comunicación, sin respaldo pericial ni pruebas que vincularan a los acusados con el crimen.

Cortés López, conocido por su labor como catequista en la diócesis de San Cristóbal, y Mendoza Cruz, evangélico, fueron acusados de la desaparición de 18 personas en Pantelhó el 26 de julio de 2021, en el contexto de un enfrentamiento con autodefensas. En este mismo proceso, el sacerdote Marcelo Pérez, quien fue asesinado en octubre de 2024, también había sido imputado.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Clifodh remarca que las pruebas presentadas fueron insuficientes. Los testimonios en su contra fueron calificadas como contradictorias, y muchos testigos afirmaron haber escuchado rumores sin fundamento, citando lugares como Guadalajara o San Cristóbal sin aportar pruebas sólidas.

La organización concluyó con un llamado urgente a una reforma del poder judicial, señalando que el proceso contra los ex concejales refleja una administración parcial de justicia. También se reiteró la necesidad de jueces y fiscales que comprendan las lenguas y culturas indígenas para garantizar una verdadera equidad en los procesos judiciales que involucren a pueblos originarios.

“El pueblo indígena necesita justicia real, no culpables fabricados para administrar el conflicto”
Comunicado de Clifodh

Foto: El Ciudadano

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