La Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero) exhortó al Congreso local a completar el proceso legislativo de la iniciativa a la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado, misma que está pendiente de dictaminación desde hace casi un año.
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Mediante un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos «Ignacio Ellacuría, SJ», consideró que el Poder Legislativo aún cuenta con la oportunidad de dictaminar la iniciativa y convocar a un periodo extraordinario a fin de respaldar el reclamo de personas desaparecidas.
Destacó que este llamado surge como una forma de solidaridad con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, quien ha enfrentado obstáculos y demoras para proteger los derechos de sus seres queridos.
Puntualizó que en caso de que esta iniciativa no sea atendida sería darle la espalda a una demanda legítima de quienes son víctimas de una de las «adversidades más dolorosas», debido a que en Puebla, las personas desaparecidas no cuentan con un mecanismo que les permita acceder a sus derechos civiles, patrimoniales y laborales.
En ese sentido, la institución educativa indicó que esto implica el desconocimiento de su personalidad jurídica, dejando en estado de indefensión a las víctimas y familiares.
La iniciativa fue elaborada por la Ibero en conjunto con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, mediante ejercicios de estudio y deliberación entre actores gubernamentales, sociales y académicos, misma que fue presentada al pleno del Congreso de Puebla el 5 de octubre de 2023 por la diputada Mónica Silva Ruiz.
«(…) llamamos a la Comisión Permanente y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura a reflexionar sobre su responsabilidad en la materia y aprobar esta iniciativa, como una muestra de empatía con las y los familiares de personas desaparecidas que les brinde mayores herramientas para la protección de sus derechos» se lee en el comunicado.
Esta iniciativa de ley tiene como objetivo garantizar la presunción de vida de la persona desaparecida, así como brindar protección y derechos de las niñas, niños y adolescentes que sean hijos de la víctima.
Aunado a lo anterior, los familiares de las y los desaparecidos podrán ser acreedores de la patria potestad de los menores para hacer trámites en su nombre, ya sea en escuelas o afiliarlos al seguro social.
Foto: Archivo El Ciudadano
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