El exregidor panista, Miguel Ángel Mantilla Martínez, se ha negado a cumplir con la orden del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) de ofrecer una disculpa pública a Elisa Molina Rivera, exregidora de Morena, quien fue víctima de violencia política de género en noviembre de 2023.
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El 10 de abril, Molina denunció que Mantilla no había cumplido con la sentencia emitida en diciembre del año pasado, la cual lo obliga a pedir perdón públicamente por sus acciones. El Tribunal había determinado que el exregidor había ejercido violencia política de género contra la exfuncionaria, después de un incidente ocurrido en una sesión de Cabildo en noviembre, en el cual Mantilla agredió verbalmente a un colaborador de Molina y, más tarde, intentó arrebatarle su teléfono móvil.
El TEEP dictó en su resolución de diciembre de 2024 que Mantilla debía inscribirse en el registro de personas sancionadas por violencia política de género, y que su disculpa debía ser publicada durante tres lunes consecutivos en el periódico de mayor circulación de Puebla. Además, se le ordenó asistir a un curso sobre sensibilización en género y masculinidad. A pesar de la sentencia, el panista no ha cumplido con las medidas de reparación.
El 4 de abril, el tribunal dio a Mantilla un nuevo plazo de 10 días hábiles para cumplir con lo ordenado. Si no lo hace, podría enfrentarse a sanciones que van desde una amonestación pública hasta una multa o arresto de hasta 36 horas. El TEEP también le advirtió que podría ser auxiliado por la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia.
El incidente que desató esta controversia ocurrió el 17 de noviembre de 2023, cuando Mantilla, tras una sesión de Cabildo, tuvo un altercado con Jaime Carcaño, colaborador de Elisa Molina, y luego intentó quitarle el teléfono móvil a la exregidora. Aunque Mantilla ha intentado justificar su actitud, señalando que fue provocado por sus compañeros de Cabildo, las pruebas presentadas en su contra no dejan lugar a dudas sobre el comportamiento agresivo que ejerció contra Molina y su equipo.
Este tipo de violencia, según el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se refiere a las acciones u omisiones de servidores públicos que afectan a una mujer debido a su género, con el objetivo de anular o limitar su ejercicio de derechos político-electorales. En este caso, la agresión de Mantilla no solo afectó a Molina directamente, sino que también tuvo un impacto en su entorno de trabajo.
El 14 de abril marca el último día del plazo otorgado por el TEEP para que Mantilla informe sobre las acciones que ha tomado en respuesta a la sentencia. De no cumplir con lo estipulado, podría enfrentarse a las sanciones mencionadas, que incluyen una multa de hasta 33 mil 942 pesos, o el doble en caso de reincidencia.
En cuanto a la disculpa pública, el exregidor aún no ha mostrado disposición para cumplir con lo que el Tribunal ha ordenado, lo que podría prolongar la controversia en torno a este caso.
Foto: El Ciudadano
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