Fiscalía ecuatoriana busca prisión para exvicepresidente Glas

La audiencia, llevada a cabo en su cuarto intento, se produjo tras siete meses de solicitud de la Fiscalía para formular cargos

Lizzette Vela

05/01/2024 5:46pm

La Fiscalía General de Ecuador solicitó la prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas, involucrado en una investigación por presunto peculado durante la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.

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En la audiencia reciente, se presentaron 85 elementos de prueba contra tres acusados. La petición incluye la prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., además de restricciones para Pablo O., según detalló la Fiscalía en su cuenta oficial.

La audiencia, llevada a cabo en su cuarto intento, se produjo tras siete meses de solicitud de la Fiscalía para formular cargos y más de un mes desde que el juez Luis Rivera pidió autorización a la Asamblea para procesar a Jorge G., según informó el Ministerio Público. El caso ‘Reconstrucción‘ investiga un posible mal uso de fondos públicos en beneficio de contratistas y fiscalizadores durante la emergencia del terremoto.

Jorge Glas, exvicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, ingresó en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre y posteriormente solicitó asilo diplomático. Aunque no pesaba ninguna orden de prisión en su contra, la Fiscalía presentó la solicitud de prisión preventiva en el marco de esta investigación.

Condenado previamente por casos relacionados con Odebrecht, Glas busca revertir estas sentencias tras la anulación de pruebas por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sonia Vera, del equipo de defensa internacional de Glas, argumenta que su cliente no manejaba fondos, solo priorizaba proyectos en la comisión y cuestiona la demora en su citación.

Vera señala una supuesta persecución política contra Glas, especialmente después de la petición de juicio político para la fiscal Diana Salazar por parte del movimiento correísta Revolución Ciudadana. Ante el pedido de asilo por persecución política, la Cancillería advierte que sería ilegal y promete actuar con firmeza en caso de concretarse.