Formarán activistas comités para defender el derecho al agua

El exsíndico municipal, Omar Jiménez, informó que los involucrados apoyarán jurídicamente a los afectados por "altas" tarifas de Agua de Puebla

David Celestino

08/02/2022 4:33pm

Activistas en contra de la concesión del servicio de agua potable en la capital poblana anunciaron la confirmación de «Comités de defensa del derecho humano al agua», para gestionar amparos en contra de los cortes del vital líquido, que suministra la empresa Concesiones Integrales.

El exsíndico municipal suplente, Omar Jiménez Castro, indicó que estos grupos buscarán dar asesoría jurídica a afectados por las «altas» tarifas de la empresa, también llamada Agua de Puebla, al insistir que realizó cobros de manera extrajudicial a colonos.

A decir de Jiménez Castro, quien documenta y expone carencias del vital líquido en la capital, habría hasta 300 colonias que no tienen el suficiente abasto de agua, lo cual atribuyó al mal servicio de la concesionaria.

«A partir de hoy anunciamos la confirmación de los comités en defensa del derecho humano al agua en Puebla capital y el Interior del estado, estarán conformados por tres, cinco personas, donde vamos a desarrollar los talleres jurídicos para que aprendan a desarrollar sus derechos y obligaciones»
Omar Jiménez Castro
Exsíndico municipal suplente

Lee más: Intervendrá Ayuntamiento comités de agua en juntas auxiliares

La gestión la realizará el exfuncionario de Claudia Rivera Vivanco, junto con el otrora director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), Francisco Castillo Montemayor y Gerardo Pérez Muñoz, activista.

Exigen nueva ley de aguas

A 10 años de que se estableció como derecho constitucional el acceso al agua, los activistas recriminado que aún no hay una nueva Ley de Aguas para reemplazar la promulgada a finales de los 90, la cuál aseguran es una legislación obsoleta.

Afirmaron que el marco actual permite la sobreexplotación de mantos acuíferos, así como la concesión de pozos de agua a particulares de manera inequitativa y la «privatización del servicio», pues la tacharon de una ley «salinista» en alusión a qué fue promulgada en el sexenio del expresidentes Carlos Salinas de Gortari.