La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, presidida por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), frenó las solicitudes de dos municipios para incluir el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en sus Leyes de Ingresos, en tanto no se resuelva la controversia que existe por su cobro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los integrantes de la comisión dieron respuesta a los oficios presentados por las presidentas municipales de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo; y de Caltepec, Cristina Cabanzo Méndez, quienes pidieron autorización para cobrar este impuesto.
En entrevista, Estefan Chidiac aseguró que hasta el momento no han sido notificados por la SCJN sobre si existe ya una resolución por la presunta inconstitucionalidad del pago.
Añadió que sin importar la resolución, el Congreso no tiene por qué abrogar la aprobación del DAP, ya que basta con que los Cabildos autoricen o no un convenio con Comisión Federal de Electricidad para ello.
“La decisión del Congreso es no procesar nada del DAP hasta que no sepamos que resuelve la Suprema Corte. Los municipios no necesitan que nosotros lo abroguemos para no cobrarlo, con que no firmen convenio con la CFE ya no se cobra. Y el municipio que decida emitir un subsidio o estímulo fiscal en un acto de Cabildo lo puede hacer”
Con estas, serían cinco las solicitudes que han llegado al Legislativo para incluir el cobro del DAP en sus Leyes de Ingresos. Hace un mes se les dio respuesta a los cabildos Ixcaquixtla, Hueytamalco y Domingo Arenas, y también se les pidió esperar la resolución de la corte.
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¿Qué es el DAP y porque sigue en vilo?
El DAP es un impuesto que cobran los municipios por el servicio de alumbrado público que habilitan en calles, plazas, jardines, vialidades y todas las áreas de uso común de la población. Esta recaudación debe ser usada para pagar el suministro de energía ante CFE, pero también para darle mantenimiento y garantizar la funcionalidad.
Hasta el 2020, el DAP se cobraba a los ciudadanos a través de su recibo de luz, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La madrugada del 24 de diciembre de 2021, los diputados aprobaron por mayoría de votos el cobro del DAP en 114 municipios, tras modificaciones a la Ley Hacendaria y mediante una fórmula única.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) argumentó que el DAP violaba los derechos de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad; así mismo se interpretaba como un impuesto, por lo que solicitó la revisión de su formulación y aplicación.
En marzo de este año, la SCJN admitió las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH interpuso en contra del “impuesto” que autorizó el Congreso local.
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