La Fundación Mary Street Jenkins denunció presión para desviar la atención sobre la evasión al cumplimiento que ordena la devolución del campus de la UDLAP, para apropiarse ilícitamente de patrimonio privado.
La asociación civil ve una probable «persecución política» estructurada por el gobierno estatal, que “tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición”.
La Fundación Jenkins recordó que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio por la Policía Estatal, violando sus derechos.
“Esta intervención fue ordenada por el juez 24 civil, quien ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a los intereses de imponer a un patronato y un rector espurios”
Fundación Mary Street Jenkins
Comunicado
Te puede interesar: Fuerza pública en Udlap violenta autonomía: Fundación Jenkins
Además, la Fundación Jenkins obtuvo una orden, otorgada por un Juzgado Federal, para que la UDLAP sea devuelta al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Sin embargo, esta orden «ha sido violada a través del despacho de abogados de Roberto Gil, exsenador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa«.
También ven complicidad de Rodrigo Gurza, supuesto apoderado de la Fudlap, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en la CDMX.
Por este motivo, la Fundación presentará una queja contra los jueces 24 y 60 ante el Consejo de la Judicatura capitalina para que sean investigados.
Exhortan fin de la corrupción
La Fundación Jenkins exhortó a sanear la corrupción en el Poder Judicial de la capital del país: “es un tema del mayor interés para su magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez”.
Pidieron la intervención de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, que se ha comprometido con erradicar este tipo de conductas que vulneran el Estado de derecho.
También puedes leer: AMLO ordena una investigación sobre conflicto en Udlap
Puntualizaron que esta queja será un elemento importante en la revisión que realiza Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre el conflicto de intereses en la UDLAP.