Iberdrola continúa su expansión en Puebla; amplía proyectos y renueva contratos

Luego que la reforma eléctrica fuera desechada por no lograr mayoría calificada en la Cámara de Diputados, seguirá en manos privadas y compañías extranjeras el 62 por ciento del control energético. Iberdrola, compañía española implicada en el auto abasto y el incumplimiento de pagos a propietarios de ejidos, parece tener futuro garantizado en el país.

Iberdrola, la empresa que paga el uno por ciento de sus ganancias a las poblaciones donde se instala, afina obras y amplía proyectos energéticos en municipios de Puebla, y el monto de inversión en renovación de su contrato alcanzó los 40.5 millones de pesos en 2020 y 2021.

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De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el folio 3300077221000682, los municipios de Esperanza y Tecali de Herrera están en la agenda de la eléctrica española que acordó la elaboración de paquete de licitación y supervisión de construcción de la obra “electromecánica y generación” — parque eólico—; mientras que en Apizaco y Cuyuaco se prevé ampliación de la construcción de obra civil, obra electromecánica, suministros y generación.

En 2021, vencieron el contrato y permisos en el norte del país para Iberdrola, entre ellos el permiso E/205/AUT/2002 en Monterrey, luego que el órgano regulador energético rechazó a la empresa la renovación de dicho convenio.

En tanto, en ese mismo año en Puebla le fueron autorizados los contratos RRNE-ENRE-03/2021 y RRNE-ENRE-04/2021; meses antes, en octubre de 2020, obtuvo luz verde a los convenios RRNE-ICME-25/2020 y RRNE-ICME-26/2020.

En entrevista, los diputados federales, Ignacio Mier y Alejandro Carvajal, dicen confiar en que estos contratos que describieron como “leoninos” fueran revertidos si la iniciativa de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fuera aprobada.

Ahora, tras la noche del domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados, la iniciativa, que era una de sus mayores apuestas de Gobierno, quedó truncada y fue desechada por los legisladores de oposición tras más de 10 horas de discusión.

Así, la empresa que opera en Puebla desde 2015 y que tiene entre sus beneficiarios a empresas privadas, no se despedirá de sus ganancias, rendimientos y lucros.

Destacó el caso del corredor eólico del Ejido de San Pedro Chapulco donde se instaló el Parque Eólico considerado como el más grande del sector privado energético en Puebla.

Los arrendatarios de los terrenos denunciaron en 2019 el incumplimiento de las empresas Iberdrola y Pier lV, en los pagos de cuatro pesos de renta por metro cuadrado.

El negocio es más jugoso si se toma en cuenta que el parque eólico genera energía para firmas como Soriana, Porcelanite, Telmex, Cervecera Modelo, Grupo Mabesa y Cementos Apasco, bajo el esquema de autoabastecimiento –que es subsidiado y no paga transmisión–, además han sido eximidas de pagar impuestos municipales.

En 2019, el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido se reunió con los empresarios que hicieron público que la obra contaría con 84 aerogeneradores que producirán 220 megawatts en esa región.

En esa reunión se hizo público que el Consejo Regulador de Energía otorgó en 2014 a las empresas del Parque Eólico la autorización para generar electricidad para autoconsumo o a sus socios, cuyo padrón entonces era poco más de 80 integrantes, en 2017 la lista se disparó a 227 empresas beneficiadas con este proyecto.

Iberdrola, catástrofe donde se instala: informe

Este 2022 se hizo público el informe Internacionalización empresarial ¿a cualquier precio?, reveló que las empresas eléctricas españolas se han traducido en consecuencias catastróficas para los territorios donde se ubican.

El documento, elaborado por la especialista Júlia Martí Comas, editado por las organizaciones Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, detalló cómo en las comunidades donde se asientan empresas eléctricas españolas para generar energía eólica sólo reciben uno de cada 100 pesos de las ganancias que genera la actividad.

Tras la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, España se convirtió en la segunda nación con la mayor participación de inversión extranjera directa (IED) en México y empresas energéticas como Iberdrola ampliaron su presencia.

En el informe destacó el caso del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec donde opera Iberdrola –el segundo mayor productor de energía en México– con cuatro plantas: Parques Ecológicos de México, Bii Nee Stipa I, La Venta III y Bii Nee Stipa II-Dos Arbolitos y las cuestionables consecuencias que se viven a la fecha.

Como en Oaxaca, la instalación de parques en comunidades en Puebla y otros estados —en total 29 parques de generación son operados por firmas españolas y francesas— se tradujo en privatización de tierras que eran ejidales y comunales.

El despojo de los recursos locales se materializa, además, con unos contratos de arrendamiento que benefician a unos pocos porque se firmaron con particulares.

El caso Puebla, eólica en Chapulco

En 2019, Lorenzo Osorio Rosas presidente del comisariado ejidal y demás autoridades denunciaron que el contrato de arrendamiento del Ejido San Pedro Chapulco, municipio de Chapulco, y la sección tercera denominada Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo, con Iberdrola fue firmado con la entonces anterior administración ejidal a cargo de Jorge Martínez Cuevas “en corto” y a espaldas de la asamblea ejidal.

En 2019, a 3 años de la firma, se desconocía el contrato, los permisos de uso de suelo por parte del Ayuntamiento encabezado en ese momento por José Valeriano Jiménez, que incluso, no dejó ningún Acuerdo de Cabildo sobre el tema.

A decir de autoridades ejidales, en 2012 representantes de la empresa Pier lV buscaron un acercamiento para negociar un contrato por la renta del predio a 30 años para la instalación de un Parque Eólico, prometiendo un pago de 1 millón de pesos 613 mil pesos anualmente, que ampara una extensión de poco más de 11 mil hectáreas.

También se comprometía a un pago de compensación, caminos, cimentaciones, canaletas, líneas de transmisión, cercas, casetas, registros, subestaciones y toda obra necesaria, así como un recurso económico destinado para obras sociales.

De acuerdo con los testimonios, la empresa advirtió en el contrato que el pago se dividiría entre los propietarios; también estableció que quien resultara el ganador del juicio por la propiedad que se llevó a tribunales, recibiría el pago de la renta anual de un millón 613 mil pesos.

Mario Betanzo Castillo, tesorero del comisariado ejidal de San Pedro Chapulco de entonces, reveló que aunque se tenía una sentencia a favor de San Pedro Chapulco donde el V Tribunal Colegiado reconoció la propiedad del ejido, a los ejidatarios que renovaron el cargo este 2017, la empresa sólo había pagado la suma de un millón 613 mil pesos en el 2017, por lo que a la comunidad le debía entonces la renta correspondiente al año 2018 y un adeudo de pago de compensaciones por 254 mil pesos, lo que suma un millón 867 mil pesos de adeudo en 2019.

Abogados del Colectivo Hermanos Serdán revelaron a este medio que luego de haber hecho públicas las denuncias, la empresa intervino desactivando la lucha emprendida y dando “cañonazos de dinero” a inconformes, al punto que se abandonó la protesta.

El abogado ambientalista Arturo Mendoza, integrante del Colectivo Hermanos Serdán, explicó que en su acompañamiento legal a la comunidad cesó debido a que la empresa española, tras ser denunciada, llevó acuerdos económicos o inmobiliarios con pobladores para detener las inconformidades.

“Nosotros hemos visto que la empresa utiliza las necesidades materiales básicas de la gente como estrategia para obtener la anuencia de la continuación de megaproyectos. La gente termina cediendo”

Abogado

Relató el caso conocido de una persona que presuntamente recibió dos millones de pesos y el apoyo de varios a viviendas particulares. Luego hubo silencio.

Una MIA mentirosa

El Colectivo Hermanos Serdán en su momento transparentó que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto «Parque Eólico», promovido por la empresa Pier IV, S.A. de CV en los municipios de Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo, en el estado de Puebla, tenía imprecisiones y graves omisiones, especialmente en los señalamientos de cuerpos de agua.

La MIA presentada para la obra para la generación de energía eléctrica con una potencia total de 104 MW, con la instalación de 52 aerogeneradores en Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo fue elaborada por Marcos E. Olmos Tomasini, exfuncionario federal en el sexenio de Felipe Calderón, y avalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostiene en su estudio que la zona contemplada para el Parque Eólico es una zona inhóspita, con «bajos índices de riqueza biótica»: poco menos que un desierto.

El Manifiesto de Impacto Ambiental Regional (MIA) presentado por representantes de la empresa Pier IV, Rubén Fernando Madero y Joaquín Aranda Beltran, quedó registrado con la clave 21PU2015E0028, insistía en los «bajos índices de riqueza biótica» y «bajos indicadores de integridad eco-sistémica evidenciada por la fragmentación y/o el aislamiento de sus hábitats».

Análisis posteriores darían un revés, por ejemplo, contrastaba con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que sostuvo que el sitio donde se ubica el proyecto eólico se encuentra la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera “Tehuacán Cuicatlán”, delimitación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 1998.

La CONANP, a través de su oficio F00.6.DRCEN.125712015, emitió observaciones entre las posibles afectaciones que se generarán a la estructura y las funciones del sistema ambiental. Apuntó que no existía un monitoreo biológico de las poblaciones de la guacamaya verde (Ara militaris), así como estudio de poblaciones de murciélagos presentes en la Reserva y zona de influencia.

En la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), consta que cuando se sometió a análisis la MIA, fue el municipio de Nicolás Bravo mediante su oficio sin número del 4 de noviembre de 2015, el que señaló la omisión la MIA en la presencia de las especies incluidas en la NOM059-SEMARNAT-2010 como amenazadas y en peligro de extinción.

Aunque se giró la documentación debida, no se obtuvo respuesta a la solicitud realizada por los municipios de Cañada Morelos y de San Pedro Chapulco.

A pesar de todos los señalamientos de impactos ambientales, la DGIRA emitió la autorización pero de manera condicionada, estableciendo medidas adicionales de prevención y mitigación con la finalidad de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos.

Uno de ellos fue considerar que la fauna voladora es el grupo más vulnerable por la implementación de los aerogeneradores del Parque Eólico, pues estaba en peligro la especie clarín jilguero (Myadestes occidentalis) sujeta a Protección Especial, de acuerdo con la NOM-OS9-SEMARNAT 2010, así como otras aves susceptibles de colisionar en dichos rehiletes, como el zopilote (Cathartes aura); el aguililla de cola roja (Buteo jamaicensis), y el halconcito colorado (Falco spaverius), entre otras.

La autorización fechada en 2015 fue extendida por una vigencia de tres años para llevar a cabo las obras y actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto, además de 30 años para las actividades del proyecto, quedando condicionado este último plazo a que se haya llevado a cabo los cientos de observaciones correspondientes.

Mendoza, el abogado ambientalista, denunció en 2019 que la ejecución real de los trabajos de preparación, construcción, instalación y operación del parque eólico, rebasaban lo planteado por la MIA, pues «el proyecto implicó una deforestación brutal».

Lorenzo Osorio Rosas, presidente del comisariado ejidal, narró ver avanzar de manera avasallante los rehiletes, y contemplar la desaparición de bosques de encino, pino-encino, táscate, chaparral y matorral desértico rosetófilo, en la región que a la fecha ya es desierto.

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