Teresa Castro Corro continuará, por el momento, al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del gobierno del estado, ante la controversia por la inversión por 600 millones de pesos en “Banco Accendo”, en quiebra desde el 2021, así como el litigio ante el SAT que afectó a Puebla con el pago de una multa por 2 mil 600 millones de pesos.
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Así lo dio a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al referir que actualmente está revisando con la secretaria diversos temas financieros y sin descartar que habrá más enroques en la dependencia.
También aclaró que la salida de Rafael Agustín Huerta Sánchez de la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto no está relacionada con el caso y comentó que “están haciendo cambios naturales” en la Secretaría.
El pasado 11 de abril se dio a conocer que el gobierno de Puebla está en un proceso legal para recuperar 600 millones de pesos que invirtió durante 2021 en el Banco Accendo, financiera en quiebra y en liquidación.
De acuerdo con la titular de Secretaría de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, “es obligación de cualquier” gobierno invertir los recursos en cualquier institución bancaria y que confió en Accendo, pues cuando se hizo la inversión estuvo regulada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Después, en septiembre de 2021, la institución financiera quebró y están en proceso de liquidar a cientos de acreedores, entre ellos, el gobierno de Puebla.
Tras revelarse esta situación, dos años después, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla exigió en tribuna que la titular de Planeación y Finanzas local, María Teresa Castro Corro, comparezca para explicar cómo se dio inversión de 600 millones de pesos y por qué se ocultó dicha información a la ciudadanía.
Barbosa defendió los intereses de Puebla: Céspedes
Por otra parte, Sergio Céspedes reconoció al exgobernador Miguel Barbosa Huerta, por defender los intereses del estado en el litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivado de un “descuido financiero” de 2015 con el gobierno morenovallista, por el que se pagó una multa por 2 mil 600 millones de pesos.
El gobernador señaló que el único beneficiado fue la empresa “Sistemas LAC”, la cual recomendó a las autoridades estatales solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al SAT.
Resaltó que la administración de Barbosa Huerta intentó defender los intereses de Puebla, al iniciar el litigio con el SAT para evitar la deuda heredada del morenovallismo, primero de 702 millones de pesos, y luego de 2 mil 600 millones.
“Queda perfectamente establecido que, en este litigio, ante la instancia fiscal, los intereses del gobierno de Puebla fueron debidamente defendidos por el gobernador Miguel Barbosa por una batalla desde el inicio”
Sergio Salomón Céspedes Peregrina
Gobernador de Puebla
Pero, reiteró, que “es muy importante dejar en claro que no hubo ningún tipo de descuido” del gobierno de Barbosa y que lo que se “dejó de hacer en años anteriores” desencadenó en una resolución adversa.
Informó que se tomó la decisión de terminar con el juicio con el SAT, porque costaba 30 millones de pesos mensuales al gobierno de Puebla.
Finalmente, sin decir nombre, el mandatario señaló que hay denuncias en curso y cuando se den a conocer los resultados, se informará de manera pública.
PRI-PAN piden investigación y comparecencia en el Congreso
En representación de la bancada del PAN, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidente de la Mesa Directiva, presentó un exhorto para que Teresa Castro Corro realice un «informe exhaustivo y detallado» de la operatividad en la Secretaría de Finanzas.
Durante la Comisión Permanente, la panista aseguró qué Castro Corro permitió la inversión cuando supuestamente había una advertencia contra la institución bancaria, que se declaró en bancarrota meses después del convenio. Por lo anterior, pidió sancionar a los responsables, pues señaló el riesgo de que el dinero no vuelva al erario local.
«Queremos que venga, que nos explique y también a la secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones y finque responsabilidades por este presunto quebranto»
Mónica Rodríguez Della Vecchia
Presidente de la Mesa Directiva
De igual forma, pidió que Castro Corro explique el pago de 2 mil 600 millones que realizó el gobierno poblano al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por un error fiscal en la pasada administración durante 2015.
La diputada sugirió que esta deuda adquirida en el periodo del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pudo haber aumentado por no pagar multas y recargos, de manera que pidió información al respecto.
Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, demandó una investigación para fincar responsabilidades a la titular de Finanzas, al denunciar el posible daño patrimonial por 600 millones de pesos.
Rechazó pedir la renuncia de Castro Corro y en su lugar exigió que explique por qué se decidió invertir en un «banco pequeño» con posibilidades de quiebra, pues sugirió que podría tratarse de un «fraude».
«Suena muy claro que es un fraude, no se puede jugar con el dinero de los poblanos», aseveró el también diputado local, en un posicionamiento difundido a medios.
Denuncian opacidad financiera
En entrevistas por separado, los diputados panistas Rafael Micalco Méndez y Eduardo Alcántara Montiel reclamaron a Castro Corro por «ocultar» este error financiero al Poder Legislativo.
Coincidieron en qué la titular de Finanzas, Teresa Castro debió informar sobre estos asuntos durante sus comparecencias, lo cual no ocurrió en los más de tres años que lleva en el cargo.
Alcántara Montiel también pidió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una investigación a la Secretaría de la Función Pública, así como la de Planeación y Finanzas, por la «pérdida» del recurso.
Señaló que la titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, debe excusarse en caso de que inicie el procedimiento, pues al momento del error financiero era la secretaria de la Función Pública.
El panista remarcó que deben fincar responsabilidades por la decisión que tomó la entonces administración del fallecido Miguel Barbosa Huerta, por lo que se presentará esta petición por escrito.
Por Alexis Lira y David Celestino
Ilustración: Iván Rojas
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