Gobierno de Puebla no controlará policía municipal, resuelve la Corte

Hoy por la tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó una suspensión de un  acuerdo estipulado en marzo de este año, donde el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ordenó que la policía estatal asumiera las tareas de la policía municipal de la ciudad de Puebla.

El señalado acuerdo argumentaba la instrucción del mandatario poblano debido a circunstancias de alteración grave del orden público.

“Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Puebla. La medida surtirá efectos de inmediato sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”

Corte
Acuerdo publicado

“Panorama negro en seguridad”

Cabe precisar que el pasado miércoles 24 de marzo, el gobernador Barbosa publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el acuerdo impugnado, en el que proyectaba un “panorama negro” en el área de seguridad para la Angelópolis.

El Ejecutivo estatal afirmó que hay altos niveles de inseguridad en la entidad, y que cárteles de la droga tienen presencia en la ciudad, los cuales mantienen lucha frecuente.

“Fuentes oficiales de seguridad federal continúan refiriendo al gobierno del estado que grupos delincuenciales vinculados con los grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, llevan operando por años en el estado.

“Mientras que remanentes del Cártel de Los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuentan con células criminales operando en la entidad, particularmente la ciudad de Puebla”

Luis Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla

Control de la seguridad

Con los anteriores argumentos, el mandatario poblano pretendía justificar su intención de tomar el control de la seguridad en la ciudad.

Además, Barbosa Huerta abundó en el tema, diciendo que la capital poblana es una zona estratégica y es un objetivo del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto por las atractivas ganancias económicas que representa la extracción ilícita de combustible o huachicoleo.

También habló de narcomenudeo, extracción ilegal de rentas y trata de personas, igual que otros delitos de alto impacto, como homicidio e intimidación de autoridades y candidatos en el contexto del proceso electoral de este 2021.

Finalmente, es necesario aclarar que los efectos a detalle de la suspensión no han sido publicados por la Suprema Corte por lo que se desconoce los alcances precisos de la resolución.