La inclusión en sí misma, aunque esté regulada en leyes y hasta sea parte de un proceso electoral, no está garantizada de forma efectiva, si no hay control en el cumplimiento de los parámetros que velan porque los sectores históricamente excluidos sean parte del proceso. Esto ocurre en México con los cargos indígenas de elección popular, que a pesar de existir han sido usurpados por personas que no representan a las comunidades originarias.
Ante esta situación, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas aprobó emitir las Reglas Operativas a fin de verificar la documentación presentada por los partidos políticos para acreditar la Autoadscripción Indígena Calificada para la postulación y registro de candidaturas para los cargos de Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamiento.
Tal situación es abordada en un reportaje difundido por el medio mexicano Chiapas Paralelo, escrito por Yessica Morales, y en el que se explica la situación con respecto a la usurpación de los cargos designados para representación indígena.
Para evitar esta situación, el Movimiento por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en Chiapas, exhortó a los órganos electorales y partidos políticos, a que se respete y exista una garantía de la acción afirmativa indígena, que mediante el acuerdo INE/CG572/2020, consideró indispensable incrementar de 13 a 21 el número de distritos con 40% o más población indígena, y además postular 11 mujeres.
Esta preocupación surge debido al venidero proceso electoral 2021, en el que se escogerán diputados federales, locales e integrantes de ayuntamientos. Además, se genera en base a las acciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En dicho acuerdo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló su preocupación por el «número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México», por ello, recomendó a México redoblar esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las representativas y los asuntos públicos.
También exhorta a tomar medidas efectivas para asegurar que los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública.
Usurpación y despojo de candidaturas indígenas
Explica Chiapas Paralelo que la representatividad en los distritos I, II, V y XI en Chiapas, por ejemplo, fueron usurpados por personas que no son indígenas y que se autoadscribieron por conveniencia y acuerdos de poder. En el caso del Distrito I Palenque, la Coalición Juntos Haremos Historia, postuló a Manuela Obrador, la candidata usurpó el lugar que debía ocupar una mujer indígena.
Por otro lado, en el 2018, se dio a conocer que ex secretarios del gobierno de Chiapas falsificaron documentos para obtener candidaturas y llegar al Congreso de la Unión, Humberto Pedrero Moreno y Rubio Montejo, en el Distrito II Bochil y Distrito XI de manera respectiva.
Al resultar diputados federales electos, dice el artículo de Chiapas Paralelo, se interpusieron denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que, falsificaron documentos de las autoridades de los poblados Monte Grande y Jerusalén, quienes señalaron que ni Pedrero ni Rubio son indígenas, que nunca han vivido en dichas comunidades, y ni siquiera los conocían. También presentaron una querella penal en su contra.
Otros casos mencionados por el Movimiento fue la de Alfredo Vázquez Vázquez del Distrito III Ocosingo y Clementina Marta Dekker Gómez del Distrito V San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, en el caso de Rubio Montejo resaltaron que busca reelegirse, pero les consta que usurpó la identidad indígena.
«Es indignante que instituciones electorales, así como el entonces CDI avaló su identidad (…) aunque Roberto Antonio Rubio Montejo no es indígena, ni habla tojolabal y menos es indígena tseltal, pedimos a las autoridades electorales verifiquen la auto adscripción calificada para que la representación sea indígena en la siguiente legislatura», reclamó el Movimiento indígena de Chiapas.
Agregó la agrupación que otra de las usurpaciones de identidades indígenas se produjo en el distrito local XXI Tenejapa, donde Valeria Santiago Barrientos, quien no es indígena, resultó diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y durante el proceso electoral pasado ejecutó violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El movimiento exigió que en este proceso electoral se dé cumplimiento a las acciones afirmativas para pueblos indígenas tanto en las diputaciones federales, locales y ayuntamientos de Chiapas y México.
Agregan que en el país no existe otro medio para garantizar la representatividad indígena en los Congresos Locales y Federales, excepto Oaxaca que a través de una acción afirmativa podrá postular candidatos y candidatas independientes indígenas por sus propios sistemas normativos (usos y costumbres).
Añaden que hay precedentes legales y que los criterios jurisprudenciales son aplicables para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México.
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