El observatorio de transparencia de la Universidad Iberoamericana (UIA) Con los Ojos Abiertos presentó un análisis que reveló el débil papel del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), como vigilante y garante para hacer cumplir el derecho de la información en Puebla.
El informe “Débil papel del Itaipue como vigilante del derecho a la información en Puebla” señala la vulneración al derecho humano de acceso a la información, pues el organismo que debería garantizar la transparencia de la información pública no tiene forma de obligar a las autoridades a que cumplan con la ley.
Además de identificar deficiencias en la operación del órgano garante como verificaciones (evaluaciones), insuficientes y a discreción, criterios confusos de las medidas de apremio — multas y sanciones administrativas— así como falta de aplicación e irregularidades en el tratamiento de denuncias por incumplimiento de los sujetos obligados, además que, de febrero a diciembre de 2021, operó sólo con dos de tres personas que debían integrar el pleno.
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El comunicado difundido del observatorio Con los ojos abiertos señala que el análisis de la actuación del Itaipue partió de solicitudes de información además de revisión de reportes y documentos publicados por el propio organismo correspondientes a tres de sus funciones:
- a) El análisis de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas por la ciudadanía
- b) Las verificaciones anuales de las publicaciones hechas por los sujetos obligados
- c) La aprobación y ejecución de medidas de apremio por violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Se documenta que la mitad de los sujetos obligados que recibieron observaciones por parte del Itaipue no atendieron los llamados en los hechos y que existe reincidencia en estos incumplimientos en sus obligaciones para cumplir con la ley de transparencia.
Evaluaciones: tú sí, tú no…
El estudio a cargo de la académica Shanik David documenta que los procesos de verificación de los últimos dos años han sido insuficientes, pues la metodología definida por el instituto para seleccionar a los sujetos obligados que serían objeto de esta revisión es deficiente.
“Toma como base los resultados de la revisión hecha en 2019, lo cual generando desigualdades importantes que han ocasionado que cerca de 100 de ellos no hayan sido verificados desde ese año”
El informe precisa que hubo algunos sujetos obligados que fueron revisados en dos años consecutivos y otros que no han sido verificados desde 2019.
En 2020 y 2021, se encontró que en ambos años se revisaron las publicaciones de los ayuntamientos de:
Acteopan, Atzala, Camocuautla, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Francisco Z. Mena, Honey, Jalpan, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Inés Ahuatempan, Teotlalco, Tepemaxalco, Tlaltenango y Zacapala.
En contraste, se encontró que 102 sujetos obligados no han sido verificados en ninguno de los procedimientos de los últimos dos años, la mayoría de las dependencias del gobierno del estado:
- Las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Planeación y Finanzas, y de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, el Instituto Electoral del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como diversos institutos tecnológicos.
“Pese a la reducción en el padrón de sujetos obligados que son verificados, se mantiene un alto índice en el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia, el cual oscila entre el 66 y el 80 por ciento”.
Se destaca también que en la metodología de 2020 se estableció que no serían sujetos de verificación ese año el Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento de la recomendación 78/2017, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” (Recomendación sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por la omisión de actuación de las autoridades en el linchamiento en Ajalpan, Puebla), el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y las secretarías de Igualdad Sustantiva, de Cultura, de Trabajo, de Administración, y de Movilidad y Transporte “aunque no se dio un argumento para su exclusión, y tampoco fueron tomados en cuenta en 2021”, aduce el análisis.
Impunidad y multas y sanciones sin criterio
“Se identificó que no hay criterios claros para la definición de las medidas de apremio que se imponen a los sujetos obligados que incumplen con sus obligaciones en la materia, y mucho menos mecanismos firmes para el cumplimiento de éstas, lo que deriva en altos grados de impunidad por estas violaciones a la ley”, revela el análisis que pone en evidencia, otra vez, la falta de mecanismos eficaces para hacer cumplir las disposiciones legales en materia de transparencia y para la aplicación de las sanciones aprobadas.
“En 2019 quedaron pendientes por solventarse 83.7 por ciento de las sanciones, en 2020 fue el 100 por ciento, y en 2021 se tenía un 91.1 por ciento”
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