La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alerta el incremento de los índices de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la región, y llama a los Estados a atender las causas estructurales de la discriminación basada en género, adoptando medidas de cambio sociocultural en las sociedades, así como redoblar esfuerzos para atender, prevenir y erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes con enfoque diferenciado de género y edad.
La CIDH observa con preocupación que la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes sigue estando presente en toda la región, y se ha agravado a raíz de la pandemia por covid-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 de mujeres en el mundo sufren violencia sexual y/o física. Por su parte, en América Latina y el Caribe se registra que 1.1 millones de adolescentes de 15 a 19 años experimentaron violencia sexual o algún acto sexual forzado desde la infancia y que del 80% de las agresiones sexuales son víctimas niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años.
En ese escenario de violencia y discriminación, la Comisión observa que persisten en la región normas discriminatorias que favorecen la impunidad, tolerancia y repetición de la violencia sexual, entre ellas definiciones estereotipadas de delitos sexuales y normas que restringen el acceso a la justicia de las niñas y adolescentes víctimas de violación, como las normas sobre estupro y las restricciones procesales que limitan su capacidad para presentar denuncias. Asimismo, destaca que el impacto desproporcionado de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente cuando tiene como consecuencia el embarazo, afectando sus proyectos de vida y perpetuando patrones de pobreza, desigualdad y exclusión. En particular, toma nota de que las complicaciones durante el embarazo y en el parto son la segunda causa de muerte entre las niñas y las adolescentes a nivel mundial.
La Comisión lamenta la persistencia de restricciones legales y de facto que impiden a las sobrevivientes de violencia sexual acceder a la anticoncepción oral de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo y rechaza la adopción de medidas regresivas que intensifican estas limitaciones. En particular, las medidas dirigidas a prohibir la inclusión de la educación sexual integral y enfoque de género en los currículos educativos de niños, niñas y adolescentes, las medidas dirigidas a restringir de manera absoluta al acceso a la interrupción del embarazo obstaculizan la prevención de la violencia sexual y aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras.
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La Comisión llama a los Estados de la región a adoptar medidas para modificar las condiciones estructurales, normas sociales y patrones culturales que legitiman y reproducen la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual. En especial, los urge a abstenerse de adoptar medidas que obstaculizan la prevención y el acceso a servicios de atención integral a las consecuencias de la violencia sexual, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, hace un llamado a armonizar sus marcos jurídicos con los estándares interamericanos para combatir la violencia y discriminación basada en género y asegurar protecciones especiales y reforzadas a las niñas y las adolescentes frente a la violencia sexual.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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