Por Gloria Leticia Díaz
Este lunes empiezan las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) relacionadas con la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en octubre de 2001 en la Ciudad de México, durante la gestión como jefe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El caso fue enviado a la CoIDH en 2019, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que recomendaba, entre otras cuestiones, la reapertura del caso, que fue cerrado desde hace diez años como un “suicidio simulado”.
Desde diciembre de 2001, cuando se determinó la supuesta causa de muerte, la familia de Digna Ochoa rechazó la determinación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Bernardo Bátiz, hoy miembro del Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con la directora de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Michelle Salas, si bien el expediente que se abrió en la PGJDF tiene 50 mil fojas, “la investigación se centró en la vida personal de Digna, se estigmatizó su vida, hubo filtraciones que dañaron su imagen en un intento por modificar la percepción que se tenía de ella como defensora y se enlodó su trabajo y vida profesional”.
La abogada señaló que la expectativa es que a 20 años de la muerte de la defensora “se reabra la investigación y que cambie la imagen que el Estado creó a través de filtraciones y peritajes manipulados, así como que se determine si Digna Ochoa fue asesinada como consecuencia de su lucha por la defensa de derechos humanos”.
El Ciudadano / Agencia APRO
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