La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a revisar la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) para que se reconsidere la decisión de un juzgado de Distrito que protegió al juez federal Gregorio Salazar Hernández. Esta revisión surge luego de que el juez ordenara la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’, presunto líder del cártel del Golfo, lo que desató una serie de críticas por parte de la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero.
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El conflicto surgió cuando la FGR presentó ante la SCJN una solicitud para que el máximo tribunal del país revisara la resolución de un tribunal colegiado que le prohibió a la Fiscalía hacer comentarios que pudieran afectar la independencia judicial del juez Salazar. Esta situación se derivó de la decisión del juez, quien permitió que Cárdenas Martínez, señalado por ser un alto miembro del narcotráfico, enfrentara su proceso de extradición en libertad bajo medidas cautelares.
El pasado 3 de diciembre de 2024, Gertz Manero anunció que la FGR emprendería acciones legales contra Salazar y presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por posibles irregularidades en la impartición de justicia. La Fiscalía también acusó al juez de modificar las medidas cautelares sin justificación suficiente, lo que llevó a la dependencia a abrir una carpeta de investigación por posibles delitos cometidos por un servidor público.
En respuesta, Gregorio Salazar promovió un juicio de amparo, argumentando que las acusaciones vertidas en su contra, especialmente durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, eran infundadas y no se basaban en hechos verídicos. En consecuencia, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la FGR eliminar de sus redes sociales y página web cualquier declaración que pudiera vulnerar la reputación y el honor del juez, como medida cautelar para proteger su independencia judicial.
La SCJN, al tomar decisiones sobre casos de alto perfil como el de ‘El Contador’, demuestra una preocupante vulnerabilidad ante presiones externas. Su constante disposición a revisar decisiones judiciales que favorecen a presuntos criminales pone en duda su compromiso con la sociedad. En lugar de salvaguardar los principios del Estado de derecho, parece que la Corte se alinea con intereses externos, dejando en evidencia una inclinación a ceder ante las demandas de ajenos.
Foto: El Ciudadano
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