En las dos últimas legislaturas del Congreso de Puebla, son contadas las reformas aprobadas por los diputados que favorecen a las infancias de la entidad, para proteger de manera directa o indirecta sus derechos.
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Los cambios sustanciales a la ley, que sobresalen de las decenas de iniciativas y puntos de acuerdo presentados, son en temas de patria potestad, infancia libre de violencia, educación y el libre desarrollo a la personalidad.
No obstante, también hay pendientes por parte del Poder Legislativo que demandan asociaciones civiles, colectivos de la diversidad sexual e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuanto a la falta de legislación para infancias trans.
La reforma al Código Penal local bautizada como “Ley Monzón” fue aprobada el 2 de marzo de este año y fue un referente a nivel nacional, pues estipula que los progenitores vinculados a proceso o sentenciados por feminicidio perderán la patria potestad de los menores a su cargo.
Esta modificación evita que las infancias convivan con un posible feminicida, destacó en su momento la diputada Mónica Silva Ruíz, proponente de la iniciativa inspirada en el caso de Cecilia Monzón, víctima de feminicidio, supuestamente, por su expareja.
Otro tema en que el Legislativo poblano “madrugó” al Congreso de la Unión fue en penar los castigos físicos a menores. En marzo de 2022, Puebla se sumó a las siete entidades que prohíben el castigo “corporal y humillante” como método correctivo o disciplinario.
En busca de evitar violencia simbólica, perpetrar roles de género y causar efectos negativos a la salud de los menores, el 20 diciembre de 2022, se modificó la Ley de Educación poblana para vetar la realización de concursos de belleza en primarias, secundarias y bachillerato.
En octubre de 2020, fue aprobado un paquete de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos del Estado de Puebla (Coipep), entre las cuales se estableció que deudores alimentarios no puedan participar por una candidatura. Lo anterior, como modo de presión para que los tutores cumplan con sus obligaciones a los infantes.
Una de las iniciativas que beneficiará a los menores fue aprobada el 3 junio 2022, cuando el Congreso de Puebla prohibió las terapias de conversión, al tipificar como un delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
La propuesta fue del diputado de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, y estipula de uno hasta tres años de prisión a quien “practique, incite o financie estas actividades”.
Por otro lado, hay un proyecto de la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien plantea castigar con hasta tres años de cárcel a quien “someta, condicione, coaccione, presione u obligue” a cambiar o modificar su identidad sexual, en contraposición a su “identidad biológica”, aunque esta redacción ha sido cuestionada por colectivos y la comunidad trans poblana.
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Propuestas pendientes para las infancias
Durante la actual legislatura ha habido distintas propuestas para reforma la ley local, en busca de salvaguardar la manutención de los menores, su acceso a la salud, protegerlos de la revictimización, aunque siguen en la “congeladora”.
La llamada “Ley Sabina”, cuyo principal propósito es garantizar que los padres cumplan con sus obligaciones alimentarias, fue presentada en el Congreso de Puebla. El proyecto consta de distintas modificaciones que fueron propuestas por tres diputadas.
Las legisladoras Daniela Mier Bañuelos, Nora Merino Escamilla y Mónica Rodríguez Della Vecchia ingresaron sendos proyectos para reformas la Constitución local y el Código Civil, para crear un Registro de Deudores Alimentarios, suspender a los morosos su derecho a competir por un cargo de elección popular, además de que no podrán tramitar licencias y permisos para conducir, pasaportes o documentos de identidad.
Por otra parte, hay una propuesta del panista Eduardo Alcántara Montiel, para que en la Ley Estatal de Salud se considere como un derecho “la detección y tratamiento del cáncer en la infancia y adolescencia”.
Planteó estipular en la legislación la creación de un fondo que atienda a estos pacientes y la construcción de infraestructura, mientras que estos centros serán financiados con el erario, según se establezca en la Ley de Ingresos.
Para evitar que menores sean revictimizados y sufran del desgaste de un proceso judicial, la diputada Patricia Valencia Ávila planteó que los infantes “intervengan lo menos posible” en los juicios, como víctimas o testigos. Lo anterior con una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante la pasada legislatura, en 2022, fue “congelada” una iniciativa que planteaba hasta 12 años de cárcel a quienes obligaran a los menores a mendigar, así como una pena de nueve años por explotación laboral. La propuesta que buscaba frenar el abuso infantil nunca llegó a dictaminarse.
El Congreso de Puebla arrastra una deuda con las infancias trans, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó el requisito de mayoría de edad para cambiar el género en documentos oficiales, conforme a la identidad autopercibida.
Este requisito inconstitucional fue impuesto en la pasada legislatura en la aprobación de la llamada “Ley Agnes”, por lo que el Poder Legislativo poblano contaba con un año desde marzo de 2021 para enmendarlo. A la fecha sigue pendiente su análisis.
Foto: Archivo El Ciudadano
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