La ministra Lenia Batres Guadarrama decidió abandonar la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que una mayoría de cuatro ministros votara a favor del impedimento solicitado por el empresario Ricardo Salinas Pliego para que ella no pudiera conocer ni votar su amparo. El caso está relacionado con un requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información bancaria sobre el empresario.
Véase también: La SCJN avala que Lenia Batres resuelva amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la UIF
La decisión de los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Jorge Mario Pardo Rebolledo de aceptar el impedimento de Batres generó su retiro del recinto, y la ministra también se ausentó de la sesión pública posterior, la cual fue suspendida por falta de quórum, ante la imposibilidad de continuar sin su presencia. Tras este episodio, el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, procedió a levantar la sesión.
A través de un mensaje en redes sociales, Batres explicó que su decisión de abandonar la sesión se debió a lo que consideró una violación al reglamento interno de la Corte, señalando que la intención de los otros ministros de declarar su impedimento constituía un acto de sumisión a los intereses de poderes fácticos. La ministra dejó claro que pronto emitiría un comunicado en el que explicaría en detalle las violaciones y las razones por las cuales consideraba que se trataba de una actuación que no respondía a los intereses del pueblo, sino a los intereses ilegítimos de aquellos con el poder económico.
Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego celebró la decisión de los otros ministros y criticó a Batres de manera feroz, acusándola de no ser objetiva ni imparcial debido a sus supuestos prejuicios personales en su contra y en contra de sus empresas. Según el empresario, los ministros que votaron a favor del impedimento de Batres demostraron “cordura”, en contraste con lo que él describió como la agenda política de la ministra, a quien acusó de estar al servicio de intereses ajenos al bienestar del pueblo.
La crítica de Salinas Pliego, aunque centrada en la figura de Batres, también subraya un tema recurrente en el debate público: la influencia de los poderes económicos sobre las decisiones judiciales. En este sentido, la actitud de los ministros que aprobaron el impedimento de Batres pone en evidencia una peligrosa cercanía con los intereses de los grandes actores económicos del país. La decisión de estos ministros, más que un acto de justicia imparcial, parece una manifestación de sumisión a aquellos que, por su poderío económico, tienen la capacidad de influir en los procesos judiciales a su favor, sin considerar realmente el bienestar de la sociedad o el respeto al principio de independencia judicial.
Esta dinámica no solo socava la credibilidad de la Suprema Corte, sino que refleja una alarmante tendencia a priorizar los intereses de unos pocos sobre los derechos y necesidades de la mayoría. En lugar de ser una corte que defienda al pueblo mexicano y proteja sus derechos fundamentales, parece que algunos de sus miembros se alinean con aquellos que, a través de su poder económico, dictan las reglas del juego. La crítica de Batres es, por lo tanto, un reflejo de la grave preocupación de que el más alto tribunal del país se haya convertido en un instrumento que favorece a las élites y no a quienes realmente necesitan justicia.
Foto: El Ciudadano
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