Ley Bases: El ‘doble extractivismo’ de Milei amenaza a Argentina y al planeta

El presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, aprobó la Ley de Bases, que promueve la inversión en industrias extractivas y suscita preocupación por la degradación ambiental y la dependencia económica.

Te recomendamos: Perú: un millón de pobres más con Boluarte

El presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, se anotó en las primeras horas de este viernes su mayor logro desde que está en el cargo, con la aprobación en la cámara baja de la primera de sus emblemáticas reformas regresivas. La adopción de la llamada Ley Bases en Diputados se produjo unas semanas después de que el proyecto fuera debatido por 13 horas en el Senado mientras una manifestación pacífica en contra de la iniciativa era reprimida con violencia por la policía.

Esta legislación –clave para el programa de gobierno anarco-liberal de Milei– promueve las inversiones en industrias extractivas como forestación, construcción, minería, energía y tecnología. Uno de sus capítulos es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que concederá a las inversiones en proyectos extractivos de al menos 200 millones de dólares rebajas en el impuesto a las ganancias y autorización para importar bienes de capital y sólo gravará sus exportaciones en los primeros tres años.

Tal como está, es improbable que el RIGI traiga a Argentina los dólares que necesita para pagar su ya exorbitante –y posiblemente creciente– deuda externa; y en cambio es probable que conduzca a una mayor destrucción del ambiente, agravando la crisis ecológica.

La fundamentación tradicional detrás de legislaciones como la Ley Bases sostiene que fomentar la inversión extranjera directa generará derrames industriales –por lo general establecidos como una exigencia en un acuerdo firmado entre una compañía y el estado.

Por ejemplo, a un fabricante extranjero de automóviles que recibe beneficios fiscales por abrir una planta en un país se le suele exigir que adquiera autopartes de proveedores locales. Pero el RIGI contiene apenas una obligación limitada de emplear al menos 20 por ciento de proveedores locales y establece de manera simultánea la inaplicabilidad de toda norma que obligue a las empresas a comprar localmente si los precios locales son mayores que los del mercado. Además del hecho de que estas dos cláusulas pueden resultar contradictorias, el porcentaje es tan bajo que se puede cumplir fácilmente con bienes no transables (como servicios), e impide cualquier posible desarrollo dinámico de las capacidades industriales de las empresas nacionales.

Con pequeños matices, este régimen es similar a las importaciones indiscriminadas de la convertibilidad en los años 1990. Eso terminó con quiebras de empresas y creciente desempleo. Hoy, el riesgo es expandir aún más el trabajo informal, en especial en la economía bajo demanda.

Esto significa que el RIGI conducirá en el mejor de los casos a un flujo de divisas y crecimiento a corto plazo, con efectos perversos para el desarrollo de Argentina a mediano y largo plazo, a medida que los dólares se agoten por la importación de maquinaria y pagos de dividendos en el exterior, y lo que quede de la industria argentina termine aún más secuestrado.

Milei espera que el RIGI cause una ola de inversiones tecnológicas. Mientras se debatía la Ley Bases, el presidente viajó a Estados Unidos a reunirse con los CEO de Microsoft, Google y OpenAI para intentar convencerlos de que ampliaran sus negocios en Argentina. Pero cualquiera de esas inversiones tendría también un efecto perjudicial para el planeta, pues la Ley Bases tiene su origen en un modelo que profundiza el ‘doble extractivismo’, en el que la explotación de intangibles (conocimiento y datos) refuerza la explotación de la naturaleza.

En las economías periféricas –aquellas con bajos niveles de desarrollo económico, por lo general situadas en África, Asia y América Latina– las empresas privadas tienden a ser usuarias (muy) tardías de nuevas tecnologías. Es el caso de Argentina, donde las universidades y otras instituciones científicas públicas suelen estar en la frontera de la investigación mundial –y son por tanto blanco del extractivismo del conocimiento que practican empresas extranjeras como las Big Tech.

Un ejemplo de este tipo de extractivismo se ve cuando Amazon entrega a investigadores de Argentina, Perú y Brasil subvenciones académicas, que son en realidad créditos que solamente pueden gastar en Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon. Esos créditos constituyen un costo adicional extremadamente bajo para las potencias que dominan la nube porque los servicios informáticos suelen ser las mismas líneas de código vendidas millones de veces. Y para una empresa del tamaño de Amazon, son mínimos los costos involucrados en pequeños proyectos que consumen muy poco espacio en sus colosales infraestructuras de almacenamiento y energía.

Al contrario, estas iniciativas pueden arrojar grandes ganancias para las gigantes tecnológicas –porque les ofrecen la posibilidad de identificar muy tempranamente los proyectos exitosos que entonces pueden comprar o copiar. Pero incluso si los equipos de investigación que reciben los créditos AWS no venden el software o los modelos resultantes a Amazon, terminan dependiendo de sus servicios de nube para mantener sus resultados vivos una vez que se acaban los créditos.

No se puede culpar a las académicas y académicos por solicitar estas subvenciones privadas para llevar adelante su trabajo, si consideramos la desfinanciación estructural de la investigación pública en las periferias –que es particularmente aguda en Argentina. Pero este extractivismo refuerza el subdesarrollo porque los proyectos se enfocan para maximizar las oportunidades de obtener esos créditos en la nube, y por tanto para satisfacer las prioridades de AWS. Cuesta imaginar que las prioridades de negocios de una gigantesca compañía extranjera se alineen con la necesidad de respuestas para problemas sociales y ambientales locales.

Las Big Tech también llevan a cabo extractivismo de datos en las periferias, recolectando información de individuos y organizaciones que luego centralizan y procesan con sus algoritmos de inteligencia artificial (IA). Esta es una parte esencial de sus estrategias de valorización. Los datos que creamos cada vez que buscamos algo en Google o miramos una serie en Netflix, por ejemplo, se usan para mejorar los algoritmos de IA en los que se sostienen esas compañías, lo que a su vez les produce más negocios y ganancias.

Varios países del Sur Global generan una cantidad desproporcionada de tales datos. El Digital 2023 Global Overview Report, producido por la empresa de monitoreo de medios en línea Meltwater y la agencia creativa We Are Social, mostró que 87% de los argentinos usan internet. Esto es algo menos que el 99% de los habitantes de Irlanda, Noruega, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero está muy por encima del promedio mundial de usuarios de internet, que es de 64,4%. A su vez, las personas que usan internet en Argentina están en el cuarto lugar –detrás de Sudáfrica, Brasil y Filipinas, todos países periféricos– en cuanto a la cantidad de tiempo diario que pasan en línea, creando datos para las Big Tech y otras grandes empresas tecnológicas.

A medida que estas empresas acumulan más datos y conocimiento de las periferias, el extractivismo de la naturaleza parece más inevitable. La deuda externa crece mientras se compran más servicios en dólares a empresas extranjeras, como publicidad en Google o suscripciones en Netflix. En un país como Argentina, ya ahogado por un endeudamiento externo histórico, el gobierno se ve empujado a un mayor abuso de la naturaleza, a aceptar más inversiones en industrias como la minería y el fracking (fractura hidráulica), y a ser más permisivo con las empresas que operan en esos sectores, como vía para pagar la deuda.

En esto se sostiene el esquema RIGI de Milei. Desde la minería hasta elfracking, adoptar el extractivismo de naturaleza nos acerca al colapso ambiental. Los efectos son graves no solo en términos de reproducción de la dependencia económica, sino en las consecuencias que una apropiación indiscriminada de la naturaleza tiene para la salud humana y la biodiversidad.

Esta ecuación es una bomba de tiempo para Argentina, con peligrosos desbordes ambientales para el resto del mundo. El país necesita un estado que asuma la tarea colosal de planificar el desarrollo de manera democrática y desmantelar el doble extractivismo. En cambio, Milei y su coalición en el Congreso le echan nafta al fuego y regalan bienes comunes esenciales a los gigantes de las industrias extractivas y las Big Tech.

Cecilia Rikap es autora, profesora adjunta de economía y jefa de investigación en el Instituto de Innovación y Propósitos Públicos de la University College de Londres. Es investigadora titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) e investigadora asociada del laboratorio COSTECH, Université de Technologie de Compiègne, Francia.

Autor/a: Cecilia Rikap

Foto: openDemocracy

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx
📰 elciudadano.com