La reciente designación de la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado ha sido cuestionada debido a que su trabajo como legisladora se ha visto caracterizado por la promoción de iniciativas que atentan contra la comunidad LGBT, personas gestantes y mujeres en general.
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Colectivas feministas y organizaciones pro LGBT de la entidad señalaron que el nuevo cargo de la panista Mónica Rodríguez podría traer consecuencias en detrimento de derechos humanos en Puebla.
Por medio de un comunicado recordaron que durante la actual legislatura, Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una moción suspensiva para que vuelva a ser discutida la ley que prohíbe las terapias de conversión en Puebla, las cuales son consideradas un delito desde junio del 2022.
Expusieron que la panista ha llegado a declarar que las terapias de conversión son una garantía individual y un derecho, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha indicado que estas prácticas para «corregir» la orientación sexual de las personas no son éticas y traen consecuencias a las personas que son sometidas a estas.
También reprocharon que la diputada local fue «premiada» con su nuevo cargo en el Congreso, aún cuando el 23 de febrero de este año planteó una iniciativa que pretende criminalizar a familias y organizaciones que busquen dar acompañamiento al proceso de transición de menores de edad que se identifican con un sexo diferente al que tuvieron de nacimiento.
«Esta iniciativa no solo es peligrosa, sino que también es incongruente, pues en diversas entrevistas la Diputada Mónica Rodríguez ha dejado ver su ignorancia respecto a la diferencia entre distintos conceptos que maneja en la misma iniciativa»
Comunicado
Expusieron que durante su campaña para reelegirse como diputada local en 2021 publicó un spot en el que criminalizaba a personas gestantes que se han manifestado a favor del aborto en Puebla y minimizó sus reclamos al referir que estos vienen de un «pequeño grupito«.
En ese sentido, señalaron que las facultades que le otorga el cargo a Mónica Rodríguez de presidenta de la Mesa Directiva para disponer de la fuerza pública son un peligro a los derechos humanos, precisamente porque ha criminalizado las manifestaciones de mujeres ante la sede legislativa.
Pidieron al Poder Legislativo cuestionar en el futuro este tipo de designaciones, y que su trabajo se mantenga bajo los principios de progresividad y en beneficio de la ciudadanía.
Foto: Agencia Enfoque
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