De las mil 416 investigaciones que se abrieron en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Puebla en lo que va del 2022, solo 23 llegaron ante un juez, es decir, apenas el 2 por ciento de los casos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, el organismo poblano, que pertenece a la Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo una calificación “regular” en cuanto a los resultados de las investigaciones.
Esto se debe a que Puebla ocupó el lugar 19 de 27 entidades analizadas sobre a investigaciones judicializadas. Con 26 y el 23 por ciento de los casos, respectivamente, Querétaro y Tlaxcala ocuparon las dos primeras posiciones.
Del total de indagatorias de la Fiscalía poblana en este año, solo nueve casos fueron vinculados a proceso y ninguno tuvo una sentencia condenatoria.
En tanto, 295 investigaciones se resolvieron mediante acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal; mientras que sólo una se determinó por archivo temporal, es decir, cuando los indicios o pruebas son insuficientes para esclarecer los hechos.
El IMCO define a las Fiscalías Anticorrupción como la autoridad que investiga y sanciona los actos de corrupción. También se encargan de prevenir estos actos a partir del análisis de las conductas, los actores y el modus operandi de los casos que resuelven.
Fiscalía poblana sin autonomía ni protocolos
El estudio del IMCO con datos de 2022, también reveló que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Puebla no es autónoma ni cuenta con protocolos suficientes para la persecución de delitos.
El informe reveló que en Puebla el nombramiento del titular no es autónomo, lo que implica un riesgo en la “imparcialidad y objetividad”.
Tampoco hay un reglamento interno ni manuales de procedimientos. Asimismo, se carecen de protocolos para investigar las denuncias, protección de testigos, entregas vigiladas, operaciones encubiertas y casos de “corrupción al interior”.
A nivel nacional, estados como: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, también tienen Fiscalías sin autonomía.
En tanto, solo los organismos de Sonora y Querétaro reportaron contar con protocolos para investigar casos de corrupción. Y únicamente la Fiscalía de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción, según el documento.
Fiscalía Anticorrupción de Puebla aumenta 10% su presupuesto
La situación anterior contrasta con el presupuesto que recibe la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Puebla, el cual ha aumentado 10.2 por ciento de 2021 a 2022.
Según el IMCO, el presupuesto asignado en 2021 fue de 48 millones 953 mil 969 pesos y para este año pasó a 53 millones 952 mil 79 pesos.
Con estas cifras, el organismo poblano fue el tercero que más aumentó sus recursos en un año, sólo por debajo de la Fiscalía de Tamaulipas y Michoacán, que tuvieron un presupuesto de 14.1 y 11.8 por ciento mayor que el año anterior, respectivamente.
Puebla destacó por ser la primera entidad, junto con el Estado de México, con más Ministerios Públicos en su Fiscalía Anticorrupción en 2022, con 50 instancias.
Además, con ocho peritos para atender casos de corrupción, fue el estado número uno del país, junto con Sonora.
Finalmente, Puebla fue el segundo estado con más policías anticorrupción, al registrar 38 este año, superado por el Estado de México, que sumó 43 elementos.
Foto: Agencia Enfoque
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