La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró en sus auditorias al Instituto Nacional de Migración (INM), que hasta diciembre de este último año, el organismo no podía evaluar adecuadamente los indicadores del desempeño de las estaciones migratorias, y tenía manuales de políticas, procedimientos y actividades desactualizados.
De las auditorías del 2020 al 2021, la institución encontró que diversas fórmulas empleadas por el INM para supervisar las labores de las estaciones migratorias son incorrectas, pues no concuerdan con la descripción de los indicadores que pretenden verificar.
La SFP descubrió que para supervisar los «Expedientes de alojados», el INM hacía una revisión aleatoria de estaciones migratorias y estancias provisionales, lo cual no funciona, pues no mide los expedientes revisados ni la correcta integración de los mismos, solo mide que el número de expedientes y el de extranjeros alojados coincida.
Por lo anterior, la SFP hizo un llamado a que se tomen medidas para que la Dirección de Estaciones Migratorias “verifique que exista una congruencia entre las fórmulas y las descripciones de los indicadores, a fin de poder evaluarlos correctamente”.
En el dictamen de la auditoría 15/2021, la SFP indica que el INM “incurrió en irregularidades a la normatividad”, que consistieron en no respetar la Constitución, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, entre otras.
Señala que el INM no contó con manuales de políticas, procedimientos y actividades actualizados desde 2012, y agregó que, ante esta observación, en diciembre de 2021 y como parte de la revisión, el instituto presentó un oficio con las gestiones correspondientes para actualizar dichos manuales.
Agrega que el INM no presentó las pólizas contables y autorizaciones de pago correspondientes al contrato CS/INM/80/2020; contrató empresas no inscritas en el portal del Registro Único de Proveedores y Contratistas y que no contaban con personal activo en el IMSS. Además, el proveedor al que se le otorgó ese contrato, no contaba con recursos técnicos, financieros y capacidad inmediata para cumplir con lo encomendado.
Con información de La Jornada
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