En la primera entrega de este seriado se habló de la situación general de los desaparecidos en México y el caso específico de Tehuacán.
También se narró la historia de una de las desaparecidas con base en los testimonios de los familiares de Olivia Cristina Camarillo Viveros, una de las más de 400 desaparecidos de esa provincia en los últimos 8 años.
En esta entrega, fundamentada en un reportaje escrito por el periodista Mario Galeana para el medio mexicano ladobe.com titulado «Las huellas que perdimos en el valle», se contará la historia de Karina Yazmín Alducin Rodríguez, una joven que presuntamente fue desaparecida por su novio, quien sigue en libertad, y que se ha convertido en todo un cangrejo judicial que deja ver todo el sombrío entramado que está enquistado en los distintos niveles de la fiscalía mexicana.
El caso de Karina comienza con un video. En ese video se observa un carrito de hotdogs, carros estacionados, una calle, algunos chicos que esperan para entrar a un antro. Y del antro sale una chica.
En el video la chica avanza y luego vuelve y se despide a la distancia de alguien que la mira desde el interior. Una chica que camina en sentido opuesto al de la cámara: que se hace más pequeña. Una chica que pasa entre los carros estacionados y cruza hacia los negocios apostados a las orillas de un parque.
La chica que llega hasta donde alguien —un hombre— la está esperando. Un hombre al que hasta entonces no habíamos visto. Un hombre entre las sombras que, sólo por un instante, es desvelado por las luces de un taxi que pasa. Un hombre hundido en su teléfono que sólo alza la mirada hasta que la chica llega a él y lo toma del brazo. Y juntos caminan, se pierden.
La chica se llama Karina Yazmín Alducin Rodríguez, tiene 21 años y esa es la última vez que será vista. El hombre se llama Óscar, tiene 34 y es responsable de la desaparición de la chica, según la madre.
Meses más tarde la Fiscalía de Investigación Regional en Tehuacán pierde ese video. Y ni siquiera después de que la madre de la chica lo consigue de vuelta y lo hace público, la Fiscalía del estado tiene una respuesta para explicar por qué el video no está en el repositorio de la investigación. Y pasan años y el video está ahí, a la vista de todos, excepto de la Fiscalía.
Había un video y una chica
La voz de Paloma, la madre de Karina, tiene ese tono enérgico que caracteriza a las personas que habitan el norte del país, aunque su vida ha estado llena de escalas, ella asegura que debería escribir un libro. Cuando nació Karina vivían en Ciudad Juárez, pero a los diez meses se mudaron a Orizaba, Veracruz, porque Paloma no quería criar a una hija en una tierra en donde sólo se hablaba de feminicidios.
Allí su hija tuvo una infancia cómoda, educación privada, algunos lujos. Fue una niña enfermiza, pero muy consentida. Tenía 14 cuando llegaron al municipio de Tepanco de López, a media hora de Tehuacán, y tenía 20 cuando se mudaron a la ciudad: exactamente un año antes de que todo ocurriera.
En Puebla, dos de cada tres personas que han sido localizadas son mujeres, sin embargo, no se sabe con claridad qué sucedió con ellas y tampoco se sabe si regresaron por su propio pie o si fueron rescatadas.
El libro que Paloma imagina podría comenzar por esto o iniciar con lo que sucedió después: la desaparición, la búsqueda, las amenazas, el miedo, el exilio, el colectivo, las otras madres.
Todo comenzó a cambiar en un momento más o menos preciso: seis meses antes de la madrugada del 21 de agosto de 2016, la madrugada del video.
«Nosotros siempre la cuidamos mucho porque era muy confiada. Le faltó… cómo decirlo… le faltó aprender a defenderse, a diferenciar entre personas buenas y malas. Pero después de que cumplió los 21 me pedía salir y, al hacerlo, empezó a conocer a algunas personas. Y entre esas personas estaba Óscar».
Datos de los desaparecidos
Los números cuentan su propia historia. Entre las 150 personas a las que se vio por última vez en Tehuacán durante los últimos ocho años, el 46% son mujeres y 54% hombres.
Las mujeres desaparecen con más frecuencia tanto en Tehuacán como en el resto de la región y es menos probable que un hombre desaparecido sea encontrado. Entre todo el Valle y la Sierra Negra, a lo largo de este tiempo se levantaron reportes por la desaparición de 471 personas y sólo el 62.4% fueron localizadas; dos de cada tres eran mujeres.
Las desaparecidas son casi siempre niñas, adolescentes y jóvenes de menos de 30. Los desaparecidos son jóvenes y hombres de más de 40 años. La mitad de ellas tenía, hasta su desaparición, entre 10 y 18 años. La mitad de ellos tenía entre 19 y 37 años.
A finales de 2020, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), evidenció que la Fiscalía General del Estado desconocía los motivos de la desaparición del 12,66% de las mujeres que, entre 2015 y 2019, fueron reportadas y posteriormente halladas en el estado.
Entrevistado por la periodista Aranzazú Ayala Martínez, del portal LADO B, Juan José Hernández López, integrante del observatorio, señaló que, presumiblemente, “en estos reportes sin explicación se ocultan delitos como secuestro y trata de personas».
«Uno de los principales hallazgos es la invisibilización y falta de investigación, por parte de la FGE, en los posibles casos relacionados con estos delitos, que –en su mayoría– tienen fines de explotación sexual de las mujeres”, agrega.
Karina no regresa
El miércoles 17 de agosto de 2016 Karina le dijo a su madre que quería casarse con Óscar. La noticia la sorprendió porque hasta entonces no había escuchado su nombre, y de pronto lo tenía allí, al teléfono, presentándose por primera vez.
—Él me dijo: “Soy chef, soy de buena familia. No se preocupe, Karina está en buenas manos. Nos vamos a juntar y luego nos iremos a casa allá con usted para el cumpleaños de Karina”. Paloma llevaba algunos días en el norte del país porque habían decidido mudarse de vuelta, y esa fue otra razón por la que se desconcertó con la noticia.
El sábado 20 de agosto Karina reunió su ropa y una amiga la ayudó a llevarla al departamento de él, no sin algunos reproches de Paloma. A las 7 de la tarde de ese mismo día recibió un mensaje de Óscar: era una fotografía de él y de su hija, sonrientes. Después del video, ese es el último registro gráfico que existe de Karina.
A las 9 de la noche, Paloma escribió a su hija para saber en dónde estaba, y ella le dijo que se encontraba con unos amigos en un antro, cerca del Parque Ecológico. Se dieron las buenas noches y a la mañana siguiente, el domingo 21, después de horas de llamar a su hija sin tener respuesta, contactó a Óscar. Él dijo que la noche anterior había ido a recogerla, pero que al verla besándose con otra persona, la había dejado.
Algo comenzó a torcerse en ese instante. Paloma le pidió a su esposo que fuera al departamento de Óscar a buscarla, pero Óscar se opuso tanto que hubo que llamar a una patrulla de policía. Cuando entraron, allí no había nada: de la ropa que horas antes habían llevado, ahora no quedaba ni una calceta.
Por la madrugada del lunes 22, el esposo de Paloma llegó al Ministerio Público a denunciar la desaparición de Karina, pero también lo hizo Óscar. Él se presentó como cónyuge de la chica, aunque no supo decir sus apellidos y no volvió a solicitar informes sobre la investigación. Paloma regresó a Tehuacán horas más tarde y, en aras de impedir la mala prensa, la dueña del antro la invitó a revisar las cámaras de seguridad.
—Proyectaron el video porque los muchachos de la barra no tenían memorias para descargarlo. Ahí se ve cómo a la 1:30 de la madrugada mi hija sale del antro, camina hacia el Parque Ecológico y se encuentra con un tipo. Pasan taxis y carros y lo alumbran, y mi esposo asegura que es Óscar, porque hasta trae la misma ropa que usaba cuando levantó la denuncia. Así identificamos que fue totalmente falso lo que dijo.
Paloma acudió al Ministerio Público y prometió que dos días después llevaría los videos que probaban con quién había estado su hija antes de desaparecer. Y entonces apareció Arturo Hernández Arvide.
«¿De qué video me habla?, señora»
Mientras guardaban el video en dos memorias usb —una para ella, otra para las autoridades—, una secretaria llamó a Paloma para decirle que un funcionario de la Fiscalía Regional quería hablar con ella: en un hospital habían recibido a una mujer muy golpeada y podría tratarse de Karina.
El vértigo de la noticia hizo que se olvidara de todo y llegó a la Fiscalía de un tirón. Con una inusitada rapidez la hicieron pasar a la oficina de ese funcionario y, ahí, el nombre de Arturo Hernández Arvide se convirtió en un rostro.
De tez blanca, malencarado y alto, Hernández le pidió que describiera todo lo ocurrido. 40 minutos más tarde, ansiosa por saber qué ocurría, Paloma insistió en que le mostrara las fotografías de aquella mujer porque la esperaban para recoger los videos.
—Señora, ya mandé a un ministerial por ellos, no se preocupe —le contestó. Una llamada interrumpió la conversación. Al colgar, Hernández se dirigió de nuevo a ella: —Me acaban de avisar que llegaron los familiares de la mujer al hospital y no es su hija. Y la sacaron de la oficina con la misma rapidez con la que la hicieron entrar.
Cuando regresó al antro, los empleados le explicaron que dos agentes ministeriales se habían llevado las memorias pidiéndoles que borraran el archivo para “no comprometerse”. Pero alguien sospechó que algo no estaba bien. Y tomó su teléfono, grabó un fragmento del video, se lo envió a Paloma.
Al volver a la Fiscalía, el video en las memorias ya era humo, pérdida, nada. Llegó buscando a Hernández, pero —desde entonces— no lo volvió a ver. En su lugar apareció su auxiliar, Juan Calderón Ortigoza, un tipo joven de rostro ovalado que dijo haber enviado el video a analizar. Y sin ese resultado, dijo, no podía saberse si Óscar era el hombre del video. Y si no podía saberse, dijo, entonces no podían detenerlo.
Esa respuesta se repitió durante casi seis meses. Hasta que, en febrero de 2017, por un mensaje de WhatsApp, Calderón le respondió a Paloma: “¿Video? ¿De qué video me habla, señora?”.
El fiscal Hernández y los desaparecidos
22 años antes de encontrarse con Paloma por primera vez, el 11 de agosto de 1994, Arturo Hernández Arvide se convirtió en agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Puebla.
Una década más tarde, en 2004, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) lo sacó de la niebla y ordenó un proceso administrativo en su contra por haberle negado a una persona el derecho de contar con un abogado.
Después su nombre salpicó ocasionalmente las páginas de la nota roja como el agente que declaraba a la prensa algunos datos: en Izúcar de Matamoros, en Tepeaca, en 2009, en 2012, en 2013. Hasta que el 9 de junio de 2015, un martes en el que la primavera languidecía, alguien decidió transferirlo al distrito judicial de Tehuacán.
Y de los 22 años que lo separaban del encuentro con Paloma ahora sólo quedaba uno. Su llegada a Tehuacán fue síntoma de lo que sucedería después. Al mes recibió una denuncia por el delito de abuso de autoridad contra un par de funcionarios municipales, pero no movió un solo clip del expediente durante nueve meses.
Al cabo de un año, ahora él era el denunciado, y el órgano de control de la Fiscalía —creado para investigar la conducta de sus propios elementos— lo citó insistentemente para que declarara al respecto.
Pero Hernández era esquivo, al primer citatorio no llegó, al segundo tampoco, y del tercero al quinto ocurrió lo mismo. Tres meses y seis citatorios después se disculpó, alegó “motivos de trabajo” y programó su declaración para finales de septiembre.
Entre el primer y segundo citatorio conoció a Paloma y supo del video y de Óscar y de la noche en que Karina caminó con él para no volver jamás. Entre el quinto y el sexto, Paloma recibió amenazas de muerte, su casa fue acechada por las sombras, tuvo que marcharse al norte sin Karina, y sólo Hernández podría decir si también supo aquello.
Cuando al fin acudió a declarar fue su jefe, Antonio Martínez Bermúdez —el mismo al que Oralia conoció mientras buscaba a Cristina—, quien justificó su demora.
En distintas cartas Martínez dijo que Hernández había hecho guardia, que había tenido mucho trabajo, 1.280 carpetas de investigación pendientes y otras 143 averiguaciones en trámite, que a falta de personal dobleteaba como responsable de dos ministerios públicos.
La directora general del órgano de control leyó cada uno de esos argumentos, que revelaban el estado decadente de la institución en la que ella también trabajaba, pero igual lo declaró culpable de incumplir con sus actividades y lo castigó —tanto tiempo después— con cinco días sin paga. Cinco días por una denuncia que permaneció intacta nueve meses. Y por la pérdida del video de Karina no hubo ni uno ni seis citatorios. No hubo nada.
El mensaje a los desaparecidos: «Ustedes siguen chingando»
Las semanas que sucedieron a la desaparición de Karina fueron un campo minado. Paloma y su esposo recibían tres o cuatro llamadas al día con voces indistinguibles que los amenazaban. “¿Ya se van o entramos por ustedes?”. A las 3 de la mañana un taxi se detenía frente a su casa y arrancaba, de súbito, con el chillido de las llantas arañando la madrugada.
—Yo sentía que nos iban a levantar y que no íbamos a encontrar a mi hija así. Y con todo el dolor del mundo nos tuvimos que ir. Ya teníamos en contra a la Fiscalía. Porque así nos decían: “Es que la Fiscalía nos dice que ustedes siguen chingando”.
El 15 de septiembre de 2016, mientras en Tehuacán se daba el Grito de Independencia y la gente brindaba y festejaba y el estallido patrio rezumaba por las avenidas, una familia partía hacia el norte sin su hija.
Seis meses más tarde, en marzo de 2017, Paloma decidió ceder el video que tenía a un periódico digital. Su publicación removió rescoldos y por esos meses en Tehuacán se habló mucho de desapariciones, de funcionarios corruptos, de criminales con un pie metido en el narcomenudeo y otro en la trata de personas. Se habló de Karina y de otras chicas desaparecidas como Roxana Sarahí Sánchez Olguín, a quien vieron por última vez el 31 de enero de 2017.
No sólo se trataba del video. Por esos años, entre 2015 y 2016, las desapariciones en la ciudad alcanzaron su punto más alto: 35 mujeres y 37 hombres a los que no volvieron a ver.
Las desapariciones dejaron de ser pequeñas intermitencias en la ciudad para convertirse en un rastro indeleble causado por la ausencia, y en los muros de Facebook circulaban fichas de búsqueda, mientras que por las calles se pegaban volantes con rostros.
El caso de Karina lo conoce AMLO
A partir de 2017 Paloma inició varios procesos legales en contra de Hernández y otros funcionarios de la Fiscalía de Puebla por la pérdida del video, la ineficaz búsqueda de su hija y la nula investigación sobre Óscar. Llevó su caso a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que se declaró incompetente para el caso.
Envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y desde su oficina la enviaron de vuelta a la Fiscalía General de la República (FGR), donde espera respuesta desde hace un año.
Paloma recorrió organismos locales y nacionales de derechos humanos. Fundó un colectivo de búsqueda de desaparecidos junto a otras madres, como María Luisa Núñez Barojas, quien conoció a Hernández tras la desaparición de su hijo Juan de Dios, un muchacho de 23 años.
Aunque fue visto por última vez a 54 kilómetros de Tehuacán, en un distrito judicial distinto, la investigación sobre el paradero de Juan de Dios fue atraída por el Ministerio Público que Hernández encabezaba.
Pero atraer quizá sea una palabra que significa demasiado para alguien que sepultó la investigación por un año, y María Luisa terminó denunciando al Estado mexicano ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por la inacción de la Fiscalía en la búsqueda de su hijo.
Nada de esto ha menguado la carrera de Arturo Hernández Arvide, que hoy es coordinador de un Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional en Izúcar de Matamoros, y gana casi el doble que durante sus días en Tehuacán: 50.000 pesos mensuales entre salario y compensaciones, unos 2.366 dólares al mes.
En agosto de 2017, el nombre de Hernández volvió a aparecer en la prensa, ahora ligado a Othón Muñoz, un empresario gasolinero apodado “El Cachetes”, señalado por presunta venta ilegal de combustible pero sólo procesado por posesión ilícita de armas, y ligado también a los políticos panistas que por entonces detentaban el poder en el Estado.
Durante la primera audiencia que se realizó tras su detención, Muñoz dijo que conocía a Hernández de algunas fiestas, que fue él quien le prometió que “todo estaría bien” cuando fue detenido en un vasto operativo que la Marina realizó en la ciudad de Puebla. Muñoz narró todo eso en una sala judicial en la que Hernández estaba ahí, pero no como autoridad sino como un espectador más.
Mientras tanto, Paloma vuelve cada tanto al estado para participar en los foros del colectivo, en sus actividades. A finales de cada año suelen colgar sobre el follaje de los árboles del Zócalo de la capital las fotografías de sus hijos e hijas, hombres y mujeres desaparecidas en Puebla, en sus distintas latitudes. Lo llaman ‘el árbol de la esperanza’.
—Para mí es un dolor tan grande ver a mi hija ahí —dice por teléfono—. Nada más los que estamos ahí sabemos lo que nos duele ver a nuestros hijos. Cuando voy allá, a los foros, yo pienso que no debería estar ahí. Pienso que debería estar desayunando con mi hija, quizá hasta con un nieto. ¿Yo por qué tengo que estar ahí?
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