Los mercados de carbono y la nueva lucha por la tierra africana

En 2023, el mercado global de compensación por emisiones de carbono alcanzó los 2 mil millones de dólares, con proyecciones que sugieren que se multiplicará por cien de aquí al 2050. Este crecimiento exponencial previsto, promocionado como una solución a la crisis climática, enmascara una realidad inquietante: los mercados de carbono promueven nuevas disputas por la tierra africana y perpetúan la explotación colonial.

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Los mercados de compensación por emisiones de carbono operan a través de la compraventa de bonos de carbono. Un bono de carbono permite que su portador pueda emitir una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en gases de efecto invernadero. Los mercados de carbono y las prácticas de compensación han sido ampliamente considerados como mecanismos para incentivar la transición a una economía con baja emisión de carbono basados en el mercado. Estos mercados ofrecen incentivos económicos a instituciones para reducir las emisiones de carbono o invertir en proyectos de compensación, al tiempo que habilita a aquellas entidades que pueden reducir sus emisiones de manera rentable, a vender los bonos sin utilizar a quienes enfrentan mayores costos de reducción.

Sin embargo, debajo de la fachada de sostenibilidad y desarrollo, estos mecanismos esconden una red compleja de injusticias, desequilibrios de poder y conflictos por los derechos de las tierras, en particular en África. Las mismas soluciones que pretenden proteger nuestro planeta, en realidad, perpetúan las apropiaciones del colonialismo, despojan a las comunidades locales de sus tierras y consolidan agendas neoliberales que favorecen los intereses extranjeros por sobre las necesidades del Sur Global.

La estructura actual de los mercados de carbono y los proyectos de compensación por emisiones implica el cercamiento de vastas extensiones de tierra, incluidos bosques primarios y ecosistemas, dándole continuidad de hecho a un legado de expropiación de tierras. Este despojo de tierras ancestrales y medios de vida no solo prioriza los sumideros de carbono y las zonas de conservación sobre la agricultura de subsistencia, el pastoreo y las prácticas culturales de las comunidades locales, en particular de los pueblos indígenas, sino que también perturba su modo de vida. El marco neoliberal en el que se promueven estos sistemas de compensación permite a las empresas del Norte Global externalizar sus responsabilidades ambientales y hacer parecer sostenibles las prácticas que no lo son mediante la compra de compensaciones.

Cada vez está más claro que la búsqueda de soluciones climáticas basadas en el mercado, más allá de abordar los problemas ms urgentes del cambio climático, propaga inadvertidamente injusticias sociales y violaciones de los derechos humanos que merecen una reparación urgente.

Los mercados de carbono y su rol en la mitigación del cambio climático

Ante el urgente reto de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, como subraya el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los mercados de carbono surgieron como una estrategia clave en la lucha mundial contra el cambio climático. El concepto, que introdujo el Protocolo de Kyoto en 2005, marcó el nacimiento del carbono como mercancía comercializable, lo que inició una nueva era de financiarización de las emisiones.

Los mercados de carbono ofrecen una vía para que las industrias que tienen dificultades para reducir su huella de carbono, como los sectores de difícil descarbonización, contribuyan a la reducción de emisiones e impulsen las inversiones verdes. Proporcionan un mecanismo para que estos sectores, que no pueden reducir fácil o rápidamente sus emisiones, sigan participando en los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Esta flexibilidad permite una transición más integradora hacia una economía con bajas emisiones de carbono, en la que todos los agentes pueden desempeñar un papel.

Las soluciones basadas en la naturaleza, en particular la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), desempeñan un papel importante en el ámbito de las compensaciones de carbono. Con el crecimiento exponencial del mercado, los inversores se sienten cada vez más atraídos por sectores como el de las plantaciones forestales, especialmente en África y otras regiones en desarrollo ricas en recursos forestales.

Es innegable que el mercado de carbono ofrece varias ventajas como impulsar las inversiones en tecnologías verdes y proyectos de conservación, crear incentivos económicos para la reducción de emisiones y acelerar potencialmente la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, darles prioridad a los mecanismos del mercado y a la base neoliberal sobre la que se fundamentan debilita la acción colectiva y la toma de decisiones democrática, perpetuando las desigualdades globales al tiempo que sirve de pretexto para la expansión económica que ensombrece el progreso ambiental genuino.

Al reducir el valor de los ecosistemas a su capacidad de almacenamiento de carbono, este enfoque permite la privatización de los bienes comunes y aumenta el control empresarial sobre los recursos forestales, ignorando el valor intrínseco de los ecosistemas y sus funciones ecológicas más amplias. Mediante la aplicación de este mecanismo basado en el mercado, los países ricos y las empresas pueden librarse de su responsabilidad de reducir las emisiones simplemente invirtiendo en proyectos de compensación, mientras que los países en desarrollo soportan la peor parte de los efectos del cambio climático y deben adaptarse a un entorno cambiante. Esta dinámica perpetúa la extracción histórica de recursos y mano de obra del Sur Global, alimentando los patrones de consumo y las agendas de desarrollo del Norte Global.

Los mercados de carbono también permiten la «ecoimpostura» (greenwashing) enmascarando actividades como “verdes” cuando quienes contaminan anuncian falsas reducciones de emisiones. Las naciones y empresas ricas del Norte Global están externalizando de hecho sus responsabilidades de reducción de emisiones al Sur Global a través de proyectos de compensación. Con frecuencia se cuestiona si estos proyectos aportan un valor agregado a la reducción de emisiones y los beneficios prometidos a las comunidades locales no suelen materializarse.

Los proyectos de compensación de emisiones perpetúan la dinámica de poder neocolonial al reforzar las relaciones de dependencia. Los países en desarrollo, en su búsqueda de inversiones e ingresos, pueden llegar a depender de proyectos de compensación de carbono financiados por entidades del Norte Global. Esta dependencia puede limitar su capacidad para negociar las condiciones de los proyectos y dar lugar a acuerdos que favorezcan los intereses de los inversores extranjeros en detrimento de los de las comunidades locales.

Centrarse en soluciones basadas en el mercado desvía la atención de la necesidad de cambios estructurales más fundamentales en los sistemas energéticos, de transporte e industriales. Por el contrario, la usurpación de tierras, el desplazamiento de comunidades indígenas y la destrucción de ecosistemas biodiversos para dar paso a plantaciones de monocultivos optimizadas para la eliminación de carbono se han convertido en la tendencia dominante de los proyectos de compensación de emisiones.

Las complejidades de los derechos sobre la tierra en África

Los derechos sobre la tierra en África están intrínsecamente ligados a un complejo relato histórico de explotación colonial, desposesión y luchas constantes por la justicia y el reconocimiento. El legado de las apropiaciones coloniales de tierras, en las que las comunidades indígenas fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras ancestrales, sigue proyectando una larga sombra sobre los actuales sistemas de tenencia de la tierra.

La tenencia consuetudinaria de la tierra, frecuente en muchas sociedades africanas, está arraigada en normas no escritas y prácticas culturales que reconocen los derechos colectivos de la comunidad. Este sistema está profundamente entrelazado con la identidad cultural y los modos de vida tradicionales. Sin embargo, la tenencia consuetudinaria de la tierra suele entrar en conflicto con los regímenes legales o formales de tenencia de la tierra impuestos durante la época colonial y perpetuados en el periodo posterior a la independencia.

La interacción entre los regímenes consuetudinarios y los legales de tenencia de la tierra ha provocado tensiones e inseguridad en las comunidades locales. Los sistemas consuetudinarios proporcionan un sentido de propiedad comunal y conexión con la tierra, pero a menudo no están reconocidos formalmente ni protegidos por las leyes y políticas nacionales. Los sistemas legales, por su parte, suelen basarse en la propiedad individual de la tierra y la privatización, lo que a menudo margina las prácticas tradicionales de uso de la tierra y excluye a las comunidades de los procesos de toma de decisiones.

Muchos países africanos heredaron de su pasado colonial modelos desiguales de distribución de la tierra y una historia de desposesión que perpetúa las desigualdades sociales y económicas. Esto ha alimentado los actuales movimientos de reforma agraria y las demandas de reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la tierra, así como la redistribución de tierras para abordar las injusticias históricas.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la agricultura africana, pero se enfrentan a una importante discriminación en los derechos sobre la tierra. El derecho consuetudinario suele restringir los derechos de propiedad y herencia de las mujeres. Según la ONU, las mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras del mundo, una disparidad especialmente aguda en África. Los esfuerzos para abordar esta cuestión, como la Constitución de Kenia de 2010 que reconoce la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra, se han enfrentado a problemas de aplicación.

Los derechos sobre la tierra en África se complican aún más por las disputas sobre los recursos naturales, especialmente en regiones ricas en minerales, petróleo o ecosistemas valiosos. La extracción de recursos naturales provocó con frecuencia el desplazamiento de las comunidades locales, la degradación del medio ambiente y conflictos por la propiedad de la tierra. La entrada de inversores extranjeros y el establecimiento de zonas de conservación o compensaciones de carbono exacerban estas tensiones, al marginar y excluir a las comunidades locales de las decisiones sobre sus propias tierras.

Los mercados de carbono y las nuevas disputas por los derechos sobre la tierra

La aparición de los mercados de carbono ha desencadenado una nueva oleada de disputas por los derechos sobre la tierra en África, exacerbando las ya intrincadas cuestiones que rodean la propiedad y la utilización de la tierra. La creciente demanda de compensaciones por emisiones de carbono desencadenó violentos acaparamientos de tierras, que a menudo vulneran los derechos de las comunidades locales e indígenas. Se conocen varios casos de violación de los derechos de las comunidades, con proyectos emprendidos sin la debida consulta o consentimiento de quienes sufren el mayor impacto.

La imposición de proyectos de conservación o energías renovables sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales, tal y como se recoge en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, está provocando la destrucción de ecosistemas biodiversos, la alteración de los ciclos del agua y la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción. En la República Democrática del Congo, las familias fueron expulsadas de las tierras que habían poseído y cultivado durante generaciones para dar paso a un proyecto de compensación de emisiones de carbono del gigante petrolero Total Energies.

Esta situación, bautizada como la “nueva lucha por África”, refleja el acaparamiento de tierras de la época colonial, perpetuando un ciclo de desposesión y marginación. Igual de preocupante es el auge de los acuerdos de compensación de emisiones de carbono entre países africanos e inversores de Oriente Medio, los “acuerdos de carbono Dubai-África”, que plantean cuestiones urgentes sobre la distribución equitativa de los beneficios y la posibilidad de la práctica de ecoimpostura.

Los proyectos centrados en la reforestación, la forestación y la conservación exigen grandes extensiones de terreno, lo que intensifica la competencia y enfrenta a las comunidades locales con los inversores. Los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen una pequeña población mundial, pero salvaguardan una proporción significativa de la biodiversidad mundial, son a menudo ignorados, lo que da lugar a disputas por la tierra, detenciones y confiscación de propiedades.

Las consecuencias de los acuerdos sobre el mercado de carbono, que pueden durar décadas, son profundas y de largo alcance. Muchas de estas transacciones se han producido sin que lo sepan los gobiernos de muchas regiones africanas. Se dieron a conocer casos de “cowboys del carbono” que emplean la violencia y el engaño para expulsar a los indígenas de sus territorios. La gran extensión de tierra y mano de obra dedicada a las iniciativas de plantación de árboles ha provocado a menudo escasez de alimentos y una distribución desigual de los beneficios.

Los proyectos REDD+ destinados a reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal dieron resultados dispares. Aunque atraen fondos para la conservación de los bosques y las infraestructuras, también han limitado los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y, en algunos casos, provocaron desalojos forzosos y acoso. Las operaciones de Green Resources, financiadas por los países nórdicos, encapsulan las preocupantes tendencias de los proyectos del mercado de carbono. En Uganda, los esfuerzos de Green Resources afectaron directamente a más de 8000 personas, incluidos casos de desalojos forzosos y acceso restringido a recursos esenciales. Con un arrendamiento a largo plazo para vender bonos de carbono, la empresa empeoró la inseguridad alimentaria, provocó la pérdida de acceso a la tierra y contribuyó a la degradación medioambiental mediante el uso de agroquímicos.

La persecución de objetivos corporativos de “neutralidad climática” impulsó la demanda de compensaciones de carbono basadas en los bosques, con empresas del Norte Global como KLM y Philips participando en proyectos de impacto cuestionable. El Proyecto de Restauración Forestal de Kikonda, en Uganda, en el que participa KLM, se enfrentó a acusaciones de violación de los derechos de uso de la tierra, como se documenta en el informe de 2016 de Gold Standard. El enfoque jurisdiccional de los bonos de carbono, que surge del artículo 6 del Acuerdo de París, introdujo nuevas complejidades.

Este enfoque origina disputas entre grupos indígenas y gobiernos por la propiedad del carbono, como se ha visto en Indonesia, Kenia y la República Democrática del Congo. Un ejemplo de ello es el desalojo por parte del gobierno keniano de la comunidad ogiek del bosque de Mau, supuestamente en nombre de la acción climática y la protección forestal. Las comunidades indígenas recurrieron a la vía judicial, impugnando las afirmaciones de sus gobiernos sobre la propiedad estatal del carbono.

Navegar por las tensiones: hacia soluciones equitativas

Los mercados de carbono representan un mecanismo fundamental en la lucha mundial contra el cambio climático, ya que ofrecen incentivos para la reducción de emisiones y oportunidades económicas. Sin embargo, esta agenda ambiental neoliberal desvela y exacerba las desigualdades históricas y actuales, perpetuando una forma de neocolonialismo que traslada la carga de la mitigación del cambio climático a las regiones menos desarrolladas.

Los mercados de carbono posibilitan diversas formas de colonialismo —verde, del carbono y neo—, todas contribuyen a las injusticias ambientales y a los desequilibrios de poder entre el Norte y el Sur Global. El colonialismo verde coopta las narrativas ambientales para perpetuar los desequilibrios de poder, la desposesión y las injusticias ambientales. El colonialismo del carbono permite a las naciones y empresas ricas externalizar sus responsabilidades de reducción de emisiones mediante la compra de bonos de carbono a los países en desarrollo. El neocolonialismo se refuerza a medida que el Norte Global mantiene el dominio económico y ambiental a través de estos mecanismos de mercado.

Para construir un futuro más justo y sostenible, es necesario abordar las desigualdades estructurales y los fundamentos neoliberales que perpetúan las desigualdades globales de carbono, dando prioridad a la acción colectiva y a la gobernanza democrática. Deben reforzarse los marcos normativos que protegen los derechos comunitarios sobre la tierra e incorporan los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra; las comunidades locales y los conocimientos indígenas deben centrarse en los procesos de toma de decisiones sobre el uso de la tierra; garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales para cualquier iniciativa que afecte a sus tierras y recursos; promover el desarrollo sostenible en consonancia con las necesidades y prioridades locales y facilitar el acceso de las comunidades afectadas al apoyo jurídico y al desarrollo de capacidades.

El reto que tenemos que enfrentar es importante, pero también lo es la oportunidad de redefinir nuestra relación con la tierra, las relaciones entre las personas y con el planeta que compartimos. El camino a seguir requiere un replanteamiento fundamental de nuestro enfoque de la mitigación del cambio climático. Debemos ir más allá de las soluciones basadas en el mercado, que corren el riesgo de perpetuar la injusticia, y adoptar estrategias centradas en la igualdad social, la integridad ecológica y los derechos de las comunidades locales. Las personas responsables por la investigación, y la política y la ciudadanía de todo el mundo, tienen el deber colectivo de garantizar que nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático no se hagan a costa de las personas más vulnerables.

Autor/a: Thelma Arko

Este artículo se publicó por primera vez en ROAPE.

Thelma Arko es actualmente investigadora posdoctoral en la Universidad de Utrecht, donde promueve los esfuerzos por democratizar el discurso sobre Transición Justa en África.

Imagen: Plaza del Gobierno, Isla de Goree, Senegal, (Plaza del Gobierno, Isla de Goree, Senegal, c.1840 (litografía)) Edouard Auguste Nousveaux

Traducción: Eliana Da Cunha, Liliana López and ProZ Pro Bono

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