Los terroristas mexicanos y sus cárteles

Acabamos el año con una sorpresa que no lo es tanto. El Presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, ha decidido, en una de esas ideas explosivas que le son características, que una de sus primeras acciones al incorporarse nuevamente a la oficina presidencial, será la de nombrar a los cárteles mexicanos como “Organizaciones Terroristas”.

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Esto es para comenzar, algo ambiguo: la caracterización de terrorista por parte de Estados Unidos tiene varios niveles, que van desde una comprensión interna de personas y asociaciones bajo las leyes de ese país en su territorio, hasta medidas que de forma sistemática, han sido mostradas por el derecho internacional como ilegales.

En el primero de los casos, estaríamos hablando de investigaciones judiciales normales, apegadas al estado de derecho del país, que busca resolver acusaciones específicas sobre temas concretos que deben ser probados como reales y que tendrían efectos jurídicos sólo si fueran comprobados como ciertos. Al lado de esta forma, sin embargo, encontramos un abanico de discrecionalidades que van desde la ruptura total de lo que ha sido llamado el principio de taxatividad (es decir, ser acusado de algo concreto que se encuentre específicamente establecido en el derecho sancionador) hasta el rechazo a los límites de a actuación de cualquier autoridad, bajo la idea de que si algo está mal, no debemos preocuparnos por cosas simples como las reglas para solucionarlo. De esta forma, llegamos a congelar cuentas en territorio estadounidense, pero también a exigir que todo banco que tenga una actividad en ese país congele cualquier cuenta posible (lo que en la práctica significa todo banco posible); prohibiciones de viajes internacionales e incluso cancelación de fondos internacionales si un país no reconoce esta orden o la aprobación ejecutiva de ataques en territorio extranjero sin autorización soberana del gobierno en el mismo.

En un primer momento, esta idea suena siempre atractiva. Se ancla en la idea “heroica” de la destrucción del mal, e incluso más, se sustenta en la cristiana visión del sacrificio: yo me sacrifico haciendo algo malo, para que el bien triunfe. Es normal tener estas ideas cuando has sido víctima de una injusticia; es más, cuando crees que lo has sido, aunque no sea el caso, es lo primero que viene a la cabeza. Es la venganza institucionalizada, en contra de la forma lenta, parcial, limitada, que llamamos el día de hoy “justicia” y peor aún, lo sabemos por lo que piensa la gente sobre ese apelativo, “justicia judicial”.

Entiendo, por ello, perfectamente por qué la gente, alguna gente, se siente no sólo cómoda, sino incluso inclinada a desear este tipo de acciones por parte de quien sea. Se trata, lo sé, de un ánimo, un deseo de que lo que se entiende como “justo” sea cumplido, sin importar la fuente o sus consecuencias.

Dicho esto, tenemos que ver que es la misma narrativa que empuja a muchas personas que apoyan igualmente, al narcotráfico. Que ellos hagan “algo” contra injusticias que se sienten cotidianas -desde el despido injustificado hasta la venganza contra delitos específicos en contra de uno-, parece legitimar si no su existencia, al menos su acto en ese caso concreto. Y así, muchas y muchos mexicanos, piensan, no está mal que se “castigue”, como sea, a quienes han actuado mal.

La cuestión aquí es que las élites no sólo saben esto, sino que impulsan esta forma de entender la relación que tenemos con la idea de justicia, para que confundamos lo que es ese sentimiento de venganza propia, con el cumplimiento de las reglas, que así se presentan como secundarias. Bajo esta idea, cualquier cuestionamiento se presenta como una “defensa” de quienes nos hacen algo y por ello, se vuelve tan efectivo.

Al mismo tiempo, en México, como sucede en otros espacios, hay quien juega con ese sentimiento, comprensible pero equivocado en el gran marco de la realidad social de nuestros países. Gente que no busca que haya justicia para nosotros, ni que mañana tengamos mejores condiciones, sino que pretenden naturalizar una forma de entender el castigo que les permita a ellos, mañana, castigarnos a nosotros si hacemos algo que no les gusta. Cuando alguien que perdió una elección de manera tan pero tan apabullantemente como lo hizo la oposición, que ha perdido toda discusión pública y que intenta, inútilmente crear narrativas de “fraude” o “robo” que son rechazadas de forma mayoritaria, comienza a pedir venganza de esta forma, no lo hace por buscar justicia de ninguna forma. Lo hace porque, como he dicho siempre, prefiere quemar nuestra casa para poder ser el rey de las cenizas, antes que vivir en paz después de haber perdido legalmente.

De la misma forma, no considero que el anuncio de Trump se dirija a establecer verdaderamente a los cárteles como organizaciones terroristas en el peor de los sentidos posibles. No me parece, porque aunque claramente México tiene una enorme dependencia con los Estados Unidos -que debemos, en el futuro inmediato, buscar disminuir-, nuestra cercanía geográfica y la interconexión social que compartimos dificulta una intervención como la que se derivaría de ese acto. No hablo solo del aspecto físico, como lo son los ataques o el envío subrepticio de tropas-equipos, y que llevarían a una desestabilización que afectaría igualmente a la parte sur de su propio país, sino a las sanciones económicas a particulares y al estado mexicano, que romperían con los tratados bilaterales del socio comercial más importante del país.

Si no es entonces, para ello que lo hace ¿Por qué Trump intenta movilizar ese sentimiento de venganza que habita, lo sé bien, en todos los mexicanos y busca impulsar las figuras traidoras que quieren obtener algo para ellos aunque perdamos el país entero? Mi apuesta es que lo hace para crear un problema que sea resuelto en las negociaciones que vienen en los casos de deportaciones masivas. La administración de Trump pretende, lo sabemos bien, generar la idea de que México debe recibir a cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos. Que es de alguna forma, nuestra responsabilidad identificarlos y enviarlos a su país de origen, y no de ellos, que son quienes se benefician con su trabajo impago. Y en ese sentido, pretende usar esta carta para obligar a aceptar una de las dos condiciones: o aceptamos la invasión de facto en nuestro territorio, o bien volvernos los administradores de las deportaciones masivas que realicen. Con los costos que ello implica, por supuesto.

Sergio Martín Tapia Argüello

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