México tiene una deuda histórica con las familias de migrantes desaparecidos y víctimas de violencia, denunciaron la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Pese a las denuncias, no existe un registro oficial de casos ni voluntad política para investigar con diligencia, señalaron durante el webinar Violencia en México contra personas en movilidad.
Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia en la Fundación para la Justicia, reveló que en 2024 documentaron 11 eventos violentos con 6,117 víctimas de secuestro, homicidio, desaparición y accidentes. «Esto no ocurriría sin la connivencia de autoridades migratorias y policiales», afirmó.
Las fiscalías no investigan con perspectiva de macrocriminalidad ni analizan redes transnacionales, criticó Méndez. «No hay mecanismos efectivos para que migrantes accedan a la justicia», especialmente en desapariciones, donde ni siquiera se sabe cuántos extranjeros están desaparecidos.
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La movilidad humana complica las búsquedas, pues las víctimas transitan por varios estados. «Las fiscalías no tienen enfoque diferenciado ni investigan contextos amplios», subrayó. La impunidad prevalece, mientras las familias siguen esperando respuestas.
Fotografía: Redes
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