Gobierno pasado del presidente de México Enrique Peña Nieto, fue negligente para evitar el asesinato del defensor ambiental Julián Carrillo concluyó la organización Amnistía Internacional.
A tres meses de su asesinato, la organización presentó el informe Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara en el que se denuncia el falló del Estado mexicano en su obligación de garantizar la protección efectiva del defensor de derechos humanos .
“Las personas Indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos”, sentenció.
El líder Indígena Rarámuri había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento, y por lo menos cinco miembros de su familia habían sido asesinados en los últimos años como retaliación a su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara.
A pesar de estos antecedentes no se le protegió la vida a este defensor de los derechos Derechos Humanos y a tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia.
Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de Julián Carrillo y los demás miembros de su familia.
Carillo disponía de teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados, sin embargo, estos dispositivos de seguridad no fueron suficientes para impedir su asesinato.
AI cuestiona que las autoridades mexicanas limiten la protección de personas defensoras de derechos humanos a un mecanismo que no funciona, tal como quedó demostrado en el caso de Carrillo.
Según AI el análisis elaborado por las autoridades falló en atender el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra, lugar donde se desenvolvía Carillo.
«Las medidas no fueron adecuadas ni suficientes para responder a las causas estructurares de violencia en la comunidad Coloradas de la Virgen, ni para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio Rarámuri» , señaló AI.
Nuevo gobierno
En una nota, publicada por AI hoy viernes insta al nuevo gobierno federal a desarrollar en el corto plazo y con la participación de todos los actores involucrados en el tema «una política pública integral para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor de manera segura en el país».
“Las autoridades mexicanas no pueden seguir limitado la protección de personas defensoras de derechos humanos a un mecanismo que no funciona”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“El gobierno debe adoptar sin demora una política pública integral que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. La defensa del territorio y del medio ambiente no debe ser una sentencia de muerte»dijo.
https://www.elciudadano.cl/pueblos/expertos-de-la-onu-piden-justicia-por-el-asesinato-del-activista-mexicano-julian-carrillo/11/06/
https://www.elciudadano.cl/derechos-humanos/cndh-y-onu-dh-condenan-asesinato-del-activista-indigena-julian-carrillo/10/26/
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