La actividad minera en México es de las más importantes para el desarrollo y estabilidad de su economía. Durante los últimos años ha tenido un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) del país cercano al 3%; y su actividad genera más de 2,6 millones de empleos directos e indirectos. Desde hace algunos años se ha querido cambiar un aspecto fundamental de la Ley Minera: el artículo 9.
Desde 2019 ha sonado la reforma al mencionado artículo, una propuesta que ha sido elevada, promocionada y defendida por el senador del partido Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien también es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
La propuesta de Gómez Urrutia intenta ir más allá de la visibilización de sectores que actualmente pueden participar en las decisiones fundamentales del sector minero, pues a pesar de que pueden ser escuchados, su liderazgo es silenciado por la legislación actual, normativa que cercena el carácter vinculante a sus propuestas y opiniones.
El líder sindical promueve lo siguiente: que las voces del sector privado minero mexicano; de los sindicatos del sector minero; y de las organizaciones de la minería social, además de ser escuchadas, sean tomadas en cuenta con su voto dentro de la plenaria que integra el Órgano de Gobierno y Dirección General de la administración del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
La legislación actual establece que la estructura del Órgano de Gobierno del SGM es integrado por «el titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá; dos representantes de la Secretaría de Economía; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un representante de la Secretaría de Energía; y un representante del Fideicomiso de Fomento Minero»; quienes son los que tienen voz y voto en las decisiones del organismo.
Por su parte, los representantes de las organizaciones del sector privado minero mexicano; de los sindicatos del sector minero; y de las organizaciones de la minería social; pueden asistir a las plenarias del Órgano de Gobierno del SGM «como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del Presidente del Órgano de Gobierno».
La participación sin voto y como invitados que establece el artículo 9 de la Ley Minera, es lo que el senador de Morena y líder sindical busca que se modifique en la legislación vigente, pues daría -al menos en la letra- una mayor democratización al sector minero y las decisiones estarían más ajustadas a las realidades que giran en torno a esa actividad económica y social.
Democratizar la ley para entender la realidad de la minería en México
En la propuesta presentada por Gómez Urrutia se explica que los tres sectores cuestionados actualmente por la ley, aunque tienen voz, no cuentan ni tienen «una verdadera injerencia para los temas de interés relativos al sector minero del país y de sus trabajadores».
«Esto quiere decir que los invitados (representantes de la sociedad civil, sindical y empresarial del sector), podrán emitir opiniones respecto de los asuntos sobre los cuales deliberará el Órgano de Gobierno, pero no necesariamente serán tomados en cuenta al momento de dictar sus resoluciones», explica.
«No obstante», dice el senador de Morena -en la misiva entregada al Congreso mexicano- «para un mejor desempeño en el proceso de toma de decisiones, es necesario dotar de un poder de decisión a los actores que se involucran diaria y directamente en la operación minera, con la finalidad promover los procesos democráticos de planeación participativa en el Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano».
Sostiene que los hechos demuestran que «existen muchas deliberaciones y funciones en las que los representantes sindicales, empresariales y del sector social minero podrían tener una valiosa aportación para que la toma de decisiones sea de forma integral». Por esta razón, alega, «su conocimiento y experiencia en el sector debe ser incorporado con voz y voto en las decisiones del Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano».
Además, el líder sindical minero, resalta que «México tiene una larga tradición en la explotación de sus recursos naturales, especialmente en la explotación de los minerales., pues encabeza junto con Chile y China la producción minera mundial».
«Es por ello que la actividad minera es considerada uno de los principales pilares de la economía nacional. La minería mexicana adquirió tal relevancia que a lo largo de la historia se han creado estrategias para profesionalizar e incentivar la investigación geológica. Por ejemplo, en 1944 se creó el Comité Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales, y posteriormente se integró al Instituto Nacional para la Investigación de los Recursos Minerales (INIRM), lo que en 2005 se convirtió en el Servicio Geológico Mexicano (SGM)», añade.
Antecedentes positivos
Gómez Urrutia añade en su propuesta que «existe evidencia respecto a las asociaciones público-privadas en órganos de gobierno, en donde se observan efectos positivos cuando este diseño se utiliza en instituciones del Poder Ejecutivo que dictaminan y generan medios de decisión técnica».
Las recomendaciones, dice el senador, son que estas asociaciones deben presentar un diseño deliberativo, regirse bajo el principio de proporcionalidad respecto a los miembros del servicio público e integrar mecanismos de transparencia en la toma de decisiones.
«Bajo estos criterios, la presente iniciativa cumple con las condiciones descritas. Este diseño institucional ha sido implementado en distintos países con resultados positivos y decisiones democráticas. Por ejemplo, en España, el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España señala que el Consejo Rector del Instituto se encargará de orientar y supervisar el cumplimiento de sus funciones, planes y encomiendas. Además, indica que serán Vocales de este Consejo dos expertos en materias relacionadas con las competencias del organismo, de instituciones o empresas privadas,nombrados por el titular del Ministerio de Ciencia e Innovación», subraya el parlamentario.
Otro antecedente lo tiene Colombia, que según Gómez, se establece en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía (Decreto Número 1073), que determina la creación del Consejo Nacional, cuya función principal es la de regular el ejercicio de las ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines y establecer reglas y procedimientos generales de la profesión. De igual forma, establece la participación técnica de empresas privadas en el Consejo Nacional.
En Uruguay, explica el senador, hay un tercer antecedente: «El Código de Minería de Uruguay, en su artículo 123, crea el Consejo Consultivo de Minería con integrantes de distintos Ministerios de Gobierno, así como otros actores involucrados en el desarrollo de la actividad minera. De esta forma, se abre la participación a empresas, sindicatos y organizaciones ciudadanas con interés en la industria».
En ese sentido, destaca Gómez, «es necesario resaltar que el sector minero necesita de una visión y toma de decisión que involucre las perspectivas tanto de la fuerza laboral, como de la empresarial, para que, en conjunto, se adopten resoluciones con impacto y beneficio mutuo sin dejar de lado el interés público. Con ello, se pueden desarrollar más y mejores investigaciones que coadyuven a un crecimiento productivo y desarrollo progresivo que beneficie a las partes
involucradas, abonando en políticas integrales que permitan tener una mejor gestión de los recursos minerales que ofrece nuestro país».
«La integración de una persona representante del sector privado minero mexicano, una de los sindicatos del sector minero y otra de organizaciones de la minería social, todas con voz y voto, al Órgano de Gobierno de la administración del Servicio Geológico Mexicano, contribuirá a lograr mejores resultados en la toma de decisiones», resalta el representante de Morena ante el Congreso de México.
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