El pasado 22 de enero de 2021 fueron hallados en el ejido Santa Anita de Camargo, en Tamaulipas, México, un total de 19 cuerpos calcinados y tres vehículos con más de 100 impactos de bala. La mayoría de las víctimas -16- eran migrantes guatemaltecos que tenían como meta llegar a Estados Unidos. Otros dos son mexicanos a quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) vinculó con el tráfico de personas y queda un cuerpo del que todavía no se ha hecho pública su identidad.
Tras la masacre, 12 policías estatales fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por los delitos de “homicidio”, “abuso de autoridad” y “falsificación de documentos públicos”. Estos funcionarios están vinculados con la camioneta que apareció en el escenario del crimen, vehículo que meses atrás había sido retenido por las fuerzas policiales en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León.
En un reportaje del medio mexicano Animal Político, se resalta como el caso de la masacre de Camargo ha venido ensombreciéndose luego que el Instituto Nacional de Migración (INM) decidiera clasificar por cinco años los expedientes relacionados con el hecho.
Hasta el momento se conocer que en el lugar de los hechos apareció un vehículo Toyota Sequoia que había sido asegurado 2 meses antes en El Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra migración irregular. En relación a estos hechos, el INM anunció que ocho de sus agentes habían sido separados de sus cargos, sin dar más detalles, y deja la información sobre el caso oculta y bajo su poder.
El mencionado medio mexicano solicitó los expedientes de expulsión del cargo de los ocho servidores públicos, sus currículums y los documentos relacionados con el Toyota Sequoia que apareció en el lugar del crimen y que, presumiblemente, utilizaban los traficantes para transportar a los migrantes. El INM, sin embargo, reservó toda la información alegando que existen investigaciones en curso, tanto en el Órgano de Control de la institución como en Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).
El argumento se mantiene en todas las solicitudes rechazadas: aseguran que revelar detalles sobre los hechos podría perjudicar a las pesquisas. «La difusión puede obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados, además se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de algún delito que se tramitan ante el Ministerio Público», dice el INM.
Poca información sobre la masacre de Camargo
Lo que hace el INM, explica el medio mexicano, se trata de un razonamiento similar al empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 policías detenidos tras el hallazgo de los cuerpos calcinados. Los uniformados testificaron ante un juez de Ciudad Victoria los días 2 y 8 de febrero. Tras prestar declaración fueron vinculados a proceso y enviados a prisión mientras se desarrolla la investigación complementaria, que concluirá en agosto.
Lo único que ha trascendido sobre las pesquisas en los hechos de Camargo fueron las declaraciones del fiscal general, Irving Barrios, en el momento de anunciar los arrestos. Barrios aseguró que la masacre se produjo en el contexto del enfrentamiento entre grupos delictivos por el control del territorio y que se presuponía que los policías modificaron la escena del crimen. No ofreció más detalles sobre el nivel de participación que pudieron tener los oficiales o en qué circunstancias se produjo el ataque.
Los señalamientos contra funcionarios del INM fueron formulados por primera vez por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el 1 de febrero, justo antes de conocerse el arresto de los policías estatales. Posteriormente, Migración anunció las destituciones, alegando incumplimientos administrativos y de protocolos. Además, anunció una denuncia ante la FGR de la que no se volvió a tener noticia.
En resumen, lo que se sabe hasta ahora es que un vehículo, el Toyota Sequoia, fue interceptado el 5 de diciembre de 2020 en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León en el que fueron detenidos 66 migrantes. Dos meses después, el 22 de enero, el mismo vehículo aparece en el lugar donde fueron encontrados los 19 cuerpos, que se encontraban en tránsito a Estados Unidos. Esto motivó la destitución de estos ocho funcionarios del INM, de los que no se sabe si han sido acusados de algún delito además de las infracciones administrativas por las que perdieron su empleo.
El papel de estos funcionarios en la masacre o en una posible red de coyotaje vinculada a los asesinatos es lo que debería investigar la FGR. Aunque el INM dice que ya interpuso una denuncia, lo cierto que es la institución que dirige Alejandro Gertz Manero nunca hizo referencia a que ya estuviese investigando los hechos. Recientemente, un juez de control de Ciudad Victoria decidió que deberá abrirse una carpeta sobre los hechos para determinar si existen delitos federales. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la fiscalía estatal, que es la que logró la aprehensión y vinculación a proceso de los 12 policías.
Desde el momento en el que se conoció la masacre de Camargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó los paralelismos con otras matanzas como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Sánchez Cordero insistió en que, en este caso, no habría impunidad. Sin embargo, desde ese momento las autoridades federales trataron de no involucrarse en la investigación y dejar los hechos como algo a resolver en Tamaulipas. El papel de los oficiales del INM es un cabo suelto que abre una línea de investigación mucho más amplia y que, por el momento, apenas se ha explorado.
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