La Montaña de Guerrero es una de las siete regiones que conforman ese estado localizado al sur de México. Está situada al noroeste de la región y colinda, al norte, con Puebla; al este, con el estado de Oaxaca y al oriente y al sur, con otros municipios guerrerenses.
Su territorio abarca una superficie de 6.920 km2, en su mayoría con una topografía agreste y escabrosa. En sus 19 municipios habitan más de 360.000 personas. Prácticamente tres cuartas partes de la población es indígena y una cuarta parte es mestiza.
Entre los principales grupos indígenas se encuentran los tlapanecos o me’e phaa, los mixtecos o naa savi, los nahuas y los amuzgos. La Montaña es la zona que presenta los índices más altos de marginación y atraso económico de Guerrero y, a su vez, es testigo de un creciente deterioro de sus recursos naturales.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en la región, cerca de 66% de la población presenta pobreza alimentaria; el 72% no tiene recursos para acceder a servicios de salud y educación; 40% de las personas mayores de 15 años es analfabeta y 85% no completó la educación básica.
Además, el 85% de los habitantes no posee patrimonio propio, dos de los 10 municipios con más pobreza en México se localizan en la Montaña de Guerrero. Cochoapa el Grande es uno de ellos y ocupa el primer lugar; mientras que Metlatónoc ocupa el décimo.
La Montaña tiene más miseria que África
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los niveles de miseria en estos dos últimos municipios, son inclusive más graves que en países africanos como Mali o Malawi.
La posesión de la tierra es ejidal y comunal. La principal actividad económica es la agricultura de autoconsumo, basada en la tríada maíz-frijol-calabaza. De manera complementaria se realizan actividades artesanales como el tejido de la palma y la elaboración de textiles en telar de cintura.
La ciudad de Tlapa de Comonfort, localizada a la entrada de La Montaña, es considerada como el corazón económico, administrativo y religioso de la región. De allí parte una red precaria de comunicaciones formada por brechas que llevan a las cabeceras municipales y a las principales comunidades.
Muchos de esos caminos se vuelven intransitables por los continuos deslaves que acompañan a la temporada de lluvias y los fenómenos meteorológicos abruptos que golpean comúnmente a la región.
Tanta pobreza, desigualdad y falta de productividad en la agricultura de temporal, ha dado lugar a constantes movimientos de migración, principalmente estacional, hacia otras regiones del estado, del país e, incluso, hacia los Estados Unidos.
Violencia y feminicidios en la Montaña
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó esta semana que durante los dos primeros meses del 2021 ha documentado 20 casos de feminicidios, 15 de violencia sexual, cuatro por desapariciones, 75 de agresión física y 73 de violencia económica.
«En ningún caso de feminicidio o violencia física se ha dictado condena, ni se han brindado medidas de protección a los familiares y las víctimas», dice el mencionado centro a través de un comunicado de prensa.
El texto de Tlachinollan agrega además que «las condiciones de múltiple discriminación a las mujeres en la Montaña de Guerrero es una realidad», lo cual se traduce en mayor violencia e indiferencia contra ellas.
«El cambio de gobierno y la puesta en marcha de los programas sociales no han logrado revertir objetivamente las condiciones de vulnerabilidad que padecen», añade el Centro.
La organización resalta que la violencia que viven en el seno del núcleo familiar ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Además sostienen que las autoridades municipales «lejos de cumplir con su deber de prevención se han convertido en entes que encubren y propician las agresiones en contra de las mujeres».
«Son los órganos operadores de justicia quienes no realizan investigaciones prontas e imparciales y los tribunales que tienen conocimiento de violencia sexual no resuelven los casos con perspectivas de género y a menudo exoneran a los agresores», denuncia la organización.
No hay avances en las investigaciones
El centro sostiene que hasta la fecha, «no se presentaron avances en las respectivas investigaciones, no se decretaron medidas de protección para salvaguardar la vida de las mujeres y sus familiares y mucho menos se ha dictado condena alguna», resaltan.
Por el contrario, dicen, «en algunos casos los tribunales estatales y del poder judicial federal emitieron sentencias que exoneran a los agresores. Adoptaron criterios regresivos y desprovistos de perspectiva de género, contrarios a los ya adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso del Poder Judicial de la Federación».
El Centro de Derechos Humanos puso de ejemplo el caso de Cecilia N, indígena Tu’un Savi (mixteca) que en el año 2014 llegó a Tlapa, se empleó como trabajadora doméstica en un domicilio porque tenía como proyecto estudiar para salir adelante, “pero el patrón la violó sexualmente”.
El organismo explicó que Cecilia se animó a denunciar y detuvieron al presunto agresor, pero el juez de primera instancia de Tlapa lo liberó y aunque el fallo fue apelado, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, Guerrero, lo volvieron a exonerar.
Además, añade, que los casos de feminicidio de las indígenas Me’phaa Florencia Sánchez Joaquín e Isabel Roque Cortez tienen más de dos años en proceso sin que se dicte sentencia.
La organización de Tlachinollan exigió un alto a los feminicidios, desapariciones y todo tipo de violencia contra el sector femenino en esta región, hechos que calificaron como un «lastre que lacera la vida de las mujeres de la Montaña».
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