El Congreso del Estado de Puebla buscará penas de 4 a 10 años de prisión y multas superiores a los 14 mil pesos para quien fotografíe, filme, audiograbe, o entregue audios, videos, documentos e información reservada del lugar o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos a terceras personas.
En sesión ordinaria, la diputada Nora Merino Escamilla (PT), propuso la homologación de la Ley Ingrid en Puebla, mediante la reforma al artículo 422 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta iniciativa ya había sido presentada por la legisladora durante la legislatura pasada.
“Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada y encontrada el 9 de febrero de 2020, situación que fue divulgada en diferentes medios de comunicación, a los que les fue proporcionado material fotográfico y de videos por servidores públicos de instituciones del sistema penal, situación que vulnera derechos humanos de la víctima, y la revictimiza, de manera grave”
Nora Merino Escamilla
Diputada del PT
Señaló que la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ambas aprobadas en 2014 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación obliga a los estados a realizar adecuaciones y homologar estatutos, para no entrar en controversia.
¿Qué pasará si compartes ese material?
Con la modificación del Código Penal estatal, aquellos que filtren, difundan, entreguen o distribuyan información, fotografías, videos y documentación con carácter de confidencial o que pertenezcan a un delito, sobre todo en caso de feminicidios, serán sancionados con una pena de 4 a 10 años de prisión, así como una multa de 9 mil 622 pesos a 14 mil 433 pesos.
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Además, las sanciones se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento cuando se trate de casos de mujeres, niños, niñas o adolescentes; es decir, tendrían una pena de 6 a 15 años de prisión y multas de 14 mil 433 pesos a 21 mil 649.5 pesos.
La iniciativa de decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y fue respaldada por la bancada del Partido del Trabajo (PT), la bancada del Revolucionario Institucional (PRI), los panistas Patricia Valencia Ávila, Rafael Micalco Méndez, Karla Rodríguez Palacios; y casi toda la bancada de Morena.
Foto: Agencia Enfoque