Por David Celestino
Puebla, 6 de octubre de 2021. Luego de que se difundiera un contrato entre el antiguo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y su equipo jurídico; que supuestamente probaría el desvío de 700 millones de pesos, los señalados afirmaron que se trató de una estrategia «para proteger el patrimonio» de la asociación.
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En un comunicado, los expatrones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) confirmaron que dicho documento, dado a conocer por la nueva administración, es real y «legal»; además, acusan una persecución en su contra:
«Personas ajenas a la institución han difundido fragmentos de un contrato privado y legal, entre la Fundación Mary Street Jenkins y su equipo jurídico; su existencia corrobora la estrategia para proteger el patrimonio de la Fundación ante un ambiente de persecución que a la fecha no ha cesado»
Los integrantes del antiguo patronato, miembros de la familia Jenkins de Landa, insistieron en haber sido exonerados de procesos de dicha acusación en el año 2018, al igual que su equipo jurídico.
Multan a jueces por no liberar UDLAP
En otro asunto, condenaron que, a 100 días de la toma de la UDLAP con la intervención de Policía Estatal, no se haya entregado el campus; pese a que, dicen, se resolvió un mandato judicial que obliga a su desocupación, vigente desde hace 83 días; además de la exigencia de paterfamilias y alumnos.
En entrevista con este medio, Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Jenkins, afirmó que dos jueces civiles de la Ciudad de México han sido multados al no dar cumplimiento a un juicio de amparo; por el cual se ordenó la liberación del campo de la UDLAP, emitido por el Poder Judicial federal.
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Lo anterior al cumplirse 100 días del aseguramiento del inmueble por la fuerza pública estatal, aun cuando se otorgó una suspensión en favor del patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, en el que se obliga a “reestablecer las cosas en el estado como estaban”.
“Hace unos meses el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla otorgó una suspensión de amparo en favor de la Fundación; a favor del patronato legalmente constituido, que preside Margarita Jenkins de Landa. La parte contraria lo sabe (…) Ha habido evasión para cumplir esta determinación”
Enrique Rodríguez
Vocero de la Fundación Jenkins
Afirmó que los jueces 24 y 60 de la capital del país están en “abierto desacato”, en tanto que “han sido multados y están enfrentando un proceso” por no darse cumplimiento a la orden judicial.
Acusan persecución
En cuanto al contrato que circuló en medios, señaló que es un documento que fue cancelado, por lo que su divulgación pretende “confundir a la opinión pública”, además de acusar que el gobierno estatal pretende “apropiarse de manera ilícita” el patrimonio privado de la Fundación.
“Se violenta el hecho de cosa juzgada, porque en 2018 la Fiscalía General de la República, entonces PGR, ya había revisado los documentos y determinó el no ejercicio de acción penal, no es un tema nuevo, no es un tema novedoso y demuestra el escenario de persecución”, comentó.
FOTO: Santiago Álvarez/Archivo Agencia Enfoque