El abogado Omar Jiménez Castro, opositor a la concesión del servicio del agua potable en Puebla, recriminó al Ayuntamiento de la capital y a funcionarios de Morena por su inacción ante los cortes del servicio y mal manejo.
El abogado Omar Jiménez recrimina al Ayuntamiento por su inacción ante cortes de servicio y mal manejo
A nueve años de que inició el proceso de privatización, el activista señaló que el alcalde panista Eduardo Rivera Pérez y el Congreso local, de mayoría morenista, no tienen «voluntad política» para revertir el contrato.
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Reclamó que Rivera Pérez pretende realizar un recorrido alrededor de la entidad, con miras a una candidatura en 2024, a pesar de que incumple su obligación de administrar el servicio de agua en el municipio, cómo lo marca el artículo 115 de la Constitución.
Jiménez Castro recordó que durante el primer mandato del panista (2011-2014) el Cabildo aprobó, el 13 de septiembre, ceder el manejo del agua al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), quien lo adjudicó a Concesiones Integrales.
Señaló que ha tramitado más de 600 amparos contra los cortes de agua en la ciudad, de los cuales 55 iniciaron en lo que va de 2022, pues acusó que la empresa Agua de Puebla veta del líquido a vecinos y aplica altas tarifas.
En este sentido, adelantó que en los próximos litigios será requerida la Comuna, para que responda a la ciudadanía por el desabasto de agua y la inacción del municipio ante los cortes de drenaje.
Embiste a Morena
El abogado y militante de Morena criticó a sus copartidarios que obtuvieron un cargo en 2018 y ahora 2021, al señalar que no han cumplido con su promesa de revocar la concesión del servicio.
Acusó que en Puebla «no ha llegado la cuarta transformación«, pues la actual legislatura del Congreso local no tiene interés en desprivatizar el agua, mientras que el Ejecutivo ha dejado claro que no habrá revocación del contrato.
Concesión duraría hasta 99 años
Según Jiménez Castro, la empresa Agua de Puebla tendría la concesión firmada por 99 años, a partir de su aprobación en el Legislativo en 2013.
A decir del abogado, el instrumento notarial que utiliza Concesiones Integrales para acreditar su personalidad jurídica, radicado en una notaría de Aguascalientes, refiere que el convenio es de 99 años y no 30, cómo fue avalado por los legisladores locales hace nueve años.
Foto: Especial