ONU denuncia masiva violación de derechos humanos a indígenas en Guerrero

La relatora especial de las Naciones Unidas hizo público un informe en el que recopila denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y sobre el otorgamiento de permisos forestales en el estado mexicano de Guerrero.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz adelantó que presentará el informe en el 39° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse del 10 al 28 de septiembre del presente año.

En su encuentro con más de 300 indígenas provenientes de los municipios de la Montaña y Costa Chica,  denuncia que «el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajustan a las actuales obligaciones internacionales de México».

«Los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales. La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios», señaló.

Tuvo conocimiento de que a pesar de que los tribunales agrarios anularon los resultados de asambleas agrarias fraudulentas que aprobaron el proyecto, “los Gobiernos estadal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y a recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas”.

En esta lucha contra los megaproyectos, para la Relatora, la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización. «Esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales», dijo.

Violencia criminal

Otro tema relevante y de gran preocupación es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas de México. La Relatora hace un reconocimiento expreso a pueblos y organizaciones que han desarrollado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.

Sobre el tema de la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comenta que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad con niveles alarmantes de asesinatos, desplazamientos y desapariciones».

Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades.

Una situación extremadamente grave que recabó la relatora especial es que “en Guerrero, la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas”. A pesar de ellas, las autoridades impulsan estos proyectos sin atender el grave problema de la violencia perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.

Condiciones de vida

En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Estos problemas son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial.

Por último, lamentó que el acceso a la justicia para las mujeres resulte particularmente problemático, condenando así el aumento de feminicidios en áreas indígenas en un contexto nacional de alta impunidad respecto a estos crímenes.