Reformar el régimen jurídico agrario, responder a las necesidades de los pueblos indígenas, proteger sus territorios y realizar consultas a los megaproyectos, son algunas de las recomendaciones que la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, urge al gobierno mexicano luego de su visita al país, durante la cual realizó una investigación independiente.
En su informe, la relatora destacó que “las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.
Agrega que todos estos problemas “se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, el cual limita su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”.
Entre sus conclusiones, la relatora especial alerta sobre la situación actual que padecen las comunidades originarias, “ya que refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de derechos humanos, puntualizó.
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