Puebla, Pue. 27 de octubre de 2021. Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que facilitó la toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), acató este miércoles la suspensión de amparo que obliga a liberar la institución.
Asimismo, la Fundación de la UDLAP (FUDLAP), que dirige la familia Jenkins de Landa, deberá tener el control absoluto de las cuentas bancarias.
En el comunicado difundido por la Fundación Mary Street Jenkins, se da a conocer que se revierte la intervención ordenada por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta y se solicita la liberación inmediata del campus de Cholula.
La resolución también solicita la restitución del patronato fundador y la salida de los policías estatales de la Universidad.
Añade que no acatar las órdenes del juez federal “compromete de forma irreversible el ciclo escolar de la institución, peligrando con ello los anhelos de 10 mil familias que verían truncada la formación universitaria de sus hijos”.
En el documento se responsabiliza al gobierno del estado por los daños sociales y económicos irreversibles en la Universidad de las Américas Puebla.
La Fundación Mary Street Jenkins hace un llamado a las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo del estado de Puebla para que se respeten las nuevas disposiciones.
“La Fundación Mary Street Jenkins agradece las muestras de solidaridad de los poblanos, así como de la comunidad UDLAP durante este atropello que ha logrado ser revertido y del que con seguridad la institución saldrá fortalecida para seguir enriqueciendo su prestigio y excelencia,” añade el oficio.
Sólo esperaban la publicación de la resolución
Hace un mes, en entrevista con El Ciudadano México, Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins señaló que los integrantes del Patronato de la Universidad de las Américas ya gozaban de suspensiones definitivas para no ser removidos de su cargo; sin embargo, esperaban que se cumpliera y publicaran.
“Hay varios litigios en el tema de la toma de la universidad. Uno de esos, infiero, es un amparo que presentó el jurídico de la UDLAP. Pero en nada modifica la resolución que los obliga a devolver el campus,” destacó en aquel momento.
Rodríguez Martínez también calificó como delicada la intromisión del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien, asegura, “ha utilizado las instituciones que están bajo su mando para tratar de apropiarse de patrimonio privado de forma irregular, pues tanto la UDLAP como la Fundación Mary Street Jenkins son propiedad privada y manejan recursos particulares”.
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