Otro de los efectos graves de la pandemia de la covid-19 en México ataca de forma preocupante a la población estudiantil de Puebla, en donde se ha registrado una deserción escolar grave, según datos oficiales de la Secretaría de Educación del Estado (SEP).
De acuerdo a una publicación del medio mexicano Lado B, la deserción escolar en Puebla contabiliza un total de 5.017 estudiantes, entre niños y adolescentes, que ya no reciben su derecho fundamental a la educación desde que comenzó la pandemia y que tampoco lo hacen con métodos a distancia.
En el artículo, escrito por Ray Ricardez, se menciona que esta deserción corresponde solamente al ciclo escolar 2020-2021, según describió esta semana el director de la SEP, Melitón Lozano, quien a pesar de la alta cifra dice que “es un problema que no es grave”.
Actualmente en Puebla, comentó Lozano, hay un total de alumnado inscrito de 1 millón 762.repartidos en 12.000 escuelas. Sin embargo, aunque el número parezca reducido, existe el riesgo de que esta población de alumnos que ya no estudian, se le estén vulnerando sus derechos humanos y calidad de vida.
«Es peligroso simplificar en un dato la situación de la deserción escolar«, advierte Rodolfo Cruz, académico investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) especializado en política educativa. El experto asegura que esta situación sí es grave y relevante, y que se corre el riesgo de que el Estado la esté minimizando.
Por su parte la abogada y activista de derechos humanos, María Fernanda Santos de la Rosa sostiene que «hay que pensar que a través de los números hay personas con proyectos de vida y que actualmente viven en un contexto de desigualdad; ahí radica la relevancia e importancia de que no podemos permitir discursos que hagan ver como mínima esta situación».
Deserción en pandemia afecta más allá de las escuelas
Los datos sobre la deserción escolar no están disponible para el acceso el público, dice Ricardez en su reportaje. Ni la SEP, ni tampoco otras instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han publicado en sus portales digitales esta información de Puebla para este ciclo escolar.
A pesar de que la Secretaría de Educación de la entidad hace revisiones en las escuelas para conocer el número de estudiantes que han desertado en la pandemia y de que la campaña “Nadie afuera, nadie atrás” ha buscado mitigar los daños en el proceso de aprendizaje de las y los alumnos a causa de la pandemia, es una realidad que la situación va más allá de las cifras.
De los 5.017 estudiantes que dejaron la escuela, 1.241 son de preescolar, 1.459 de primaria, 856 de secundaria y 1.461 de bachillerato, de acuerdo con los datos proporcionados por Lozano durante la conferencia. Estos números, considera Cruz, pueden ser un reflejo de que el Estado no está cumpliendo con los mínimos requerimientos en temas de justicia social y educativa.
«Simplificar la deserción escolar en términos numéricos», dice el académico, «puede crear una perspectiva basada en el bienestar de la mayoría, dando una sensación de resultados, pero que omite a la minoría restante».
Derechos humanos omitidos
A este grupo de estudiantes se les está limitando su derecho humano a la educación, advierte Cruz. Además, de acuerdo con Santos, el desconocimiento u omisión de este puede repercutir en que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar la impartición de clases.
El derecho a la educación, explica la activista en derechos humanos, es de carácter prestacional; es decir que el Estado está obligado a garantizarlo mediante mecanismos, presupuestos y logísticas a todas las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con ella, sí es importante que cualquier gobierno tome en cuenta a las personas a las que se les está haciendo efectivo el acceso educativo, pero hay que hacer énfasis en quienes no.
«Son derechos que necesitan una acción en concreto, en lugar de abstenciones», sentencia Santos. Este derecho, plantea la abogada, tiene la finalidad de que las personas desarrollen un estilo de vida digno, es decir, que puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Y desde su perspectiva, pensar en que una cantidad de personas (por más mínima que sea) no está teniendo acceso a la educación habla de un rezago en condiciones de dignidad.
En este sentido, si más de 5.000 niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a la educación, es probable que otros de sus derechos se vean afectados, como por ejemplo, al trabajo, a la igualdad, entre otros. 5.000 estudiantes desertores, advierte Cruz, puede ser señal de que no se ha garantizado lo mínimo en justicia social para sus familias, dejándolas en la precarización que se ha encrudecido con la crisis sanitaria.
Además, los datos nacionales de México indican que 5,4 millones de estudiantes -entre tres y 29 años- no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, debido a causas relacionadas a la pandemia o a la falta de recursos. «Es una fuerte violencia el reducirlos (a las y los estudiantes) a un dato; porque entonces lo que haces es que los cosificas y las personas no son cosas; ahí estamos deshumanizando», sentencia Cruz.
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