@onelortiz
En el contexto de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, en varias ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a España como ejemplo de altas tarifas de energía eléctrica y de cómo un puñado de empresas controlan el mercado español de electricidad.
¿Es verdad que España es uno de los países de la Unión Europea (UE) con las tarifas más altas? Sí. De acuerdo con datos de la propia UE, en julio de este año España ocupó el sexto lugar entre los países con mayores precios en la energía eléctrica, debajo de Rumania, Alemania, República Checa, Polonia y Portugal.
Julio fue el mes con el precio de la luz más alto jamás registrado en España. No fue una excepción. En Europa, Rumania y Grecia también experimentaron precios diarios récord, mientras que en Alemania algunos días el costo de la luz llegó a duplicar la media de los últimos cinco años. En Italia y Francia, aunque con incrementos más suaves, la electricidad también se está encareciendo. Aunque el debate ha sido especialmente fuerte en España, los datos de Eurostat de 2020 muestran que el precio de la electricidad está descontrolado en la UE y acumula varios años de aumentos.
¿Por qué la energía eléctrica aumentó tanto en España? Las razones son varias, de diversa naturaleza y con particularidades en cada etapa del proceso: generación, distribución y comercialización. La generación y la comercialización están privatizadas, la distribución la realiza Red Eléctrica de España, un institución pública. En el contexto internacional, el aumento del precio del gas natural ha impactado el costo de la generación de electricidad en España y el resto del mundo. En términos de diseño, el modelo español utiliza el método de subasta para el establecimiento de tarifas. El problema es que siempre se pagan los precios más altos, como ocurre en México, con amplios márgenes de ganancia para las empresas que ofertan barato, pero que se les paga al precio más elevado. El monopolio regional lo detentan cinco empresas: Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol; así como la preponderancia de estas mismas empresas en la comercialización.
También influyen una alta carga fiscal, casi un tercio del costo: 21 por ciento del IVA y 5 por ciento de impuesto eléctrico. Así como los intereses económicos de políticos. No es un dato menor la situación de privilegio de estas empresas gracias a las relaciones que establecieron con políticos de varias tendencias. Jefes de Gobierno y altos funcionarios públicos, terminando su servicio al país, se integraron a los consejos de administración, o como asesores de algunas de estas empresas. Así ocurrió con Felipe González, José María Aznar y otros 40 altos funcionarios de los gobiernos del PP y del PSOE de 2004 a la fecha.
Después de la revisión de los elementos más significativos del mercado eléctrico español, puede afirmarse que la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto de 2013 y 2014 fue una mala copia de este modelo y un mal negocio para México. A partir de 2004, dicho modelo se aplicó en España, diecisiete años después mostró sus limitantes y fallas. La sociedad española paga los precios más altos de electricidad en su historia y sus tarifas son una de las más elevadas de la Unión Europea. En México este modelo también fracasó. La política es de bronce.