CIUDAD DE PUEBLA 3 DE DICIEMBRE DE 2024. El actual Ayuntamiento de Puebla acatará las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Estatal para el cumplimiento de indemnización de dos víctimas, cuyos casos fueron desatendidos por la administración panista, encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez.
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En entrevista, el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó que el gobierno municipal ya tramitó los recursos para el pago de resarcimiento de ambos casos.
Recordó que uno de los casos corresponde a Esmeralda Gallardo, madre buscadora que fue asesinada en octubre de 2022 en Villa Frontera derivado de la falta de protección a cargo del exedil capitalino, Eduardo Rivera y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mientras que la otra víctima es Alondra N., quien fue víctima de abuso sexual por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en marzo de 2023, en Clavijero.
Chedraui Budib indicó que la indemnización se efectuará en los próximos días, por lo que garantizó que no existirá incumplimiento por parte de su administración. Aclaró:
«Son dos (indemnizaciones), ya se firmaron los cheques, ya están recursos y se dará ese apoyo económico» .
Agregó que fue turnado un oficio a la SSC para que ninguno de los uniformados protagonicen nuevamente un caso de abuso.
Ambas reparaciones corresponden a casos de abusos y omisiones del Ayuntamiento de Eduardo Rivera
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió la recomendación 36/2023 por la violación que sufrió una joven de 21 años en marzo de 2023 en Clavijero, por parte de dos policías municipales, identificados como Jorge N., y Fernando N.
A pesar de que esta recomendación fue recibida por el entonces alcalde, Eduardo Rivera, fue acatada hasta septiembre del presente año por el alcalde sustituto, Adán Domínguez Sánchez, quien aprobó indemnizar a la víctima con 482 mil 349 pesos.
Mientras que la segunda recomendación 28/2024 fue dirigida al exedil Eduardo Rivera y la FGE, por no otorgarle medidas de protección a Esmeralda Gallardo, quien fue asesinada y buscaba a su hija, Betzabé Alvarado, desaparecida desde enero de 2021.
El expediente señala que el gobierno municipal y la FGE cometieron omisiones y falta de protección a la víctima, pues se comprobó que ella había solicitado acompañamiento antes de su asesinato.
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