Luego de que se dieron a conocer denuncias penales contra los opositores a la operación del relleno sanitario intermunicipal de Cholula, los pobladores denunciaron persecución y hostigamiento en su contra.
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En conferencia desde la capital poblana, señalaron una campaña en contra de quienes voluntariamente permanecen en un plantón fuera del basurero, luego de que algunos de sus números de WhatsApp fueron hackeados para extorsionarlos.
En redes sociales, las páginas que han usado para compartir evidencia de la contaminación del basurero y sus actividades fueron «tumbadas», por lo que ya no están disponibles.
Lo anterior, se suma al «allanamiento» de distintos domicilios el 30 de abril, cuando la policía municipal presuntamente intentó reabrir el relleno mediante el desalojo del plantón.
Alejandro Torres, integrante de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero, condenó la criminalización de sus compañeros y responsabilizó al gobierno local de las posibles detenciones.
Reprochó que los manifestantes contra el basurero son perseguidos pese a que «defienden el agua», mientras que la empresa de responsable está libre pese a la contaminación causada.
Por su parte, el defensor legal de la agrupación, Juan Carlos Flores, desmintió que el cierre del basurero haya afectado 120 empleos, pues según la Manifestación de Impacto Ambiental sólo están autorizados 50 trabajadores.
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