Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha presentado 32 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable del desvío millonario contra la institución en los años 2019 y 2020, reveló Leonel Cota, director general de la dependencia, a La Razón.
Con estos recursos, ya son al menos 74 los que pesan en contra del organismo, puesto que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 38, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tres, y la diputada panista María Elena Pérez-Jaén, uno más.
Además, de acuerdo con Leonel Cota, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha presentado algunas otras y la ASF también ha empezado a promover más denuncias penales.
A pesar de las acciones legales, hasta ahora sólo hay un detenido por estos hechos. Se trata de René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas, quien presuntamente habría autorizado la compra de 100 mil títulos bursátiles con recursos públicos.
Cota Montaño especificó que estas 32 denuncias presentadas por Segalmex son adicionales a las que han sido presentadas por la SFP, la PFF y la propia ASF.
“Hemos presentado 32 denuncias como Segalmex, Liconsa y Diconsa. Todo hecho posible de ilícitos lo hemos integrado y hemos entregado las denuncias a la Fiscalía, más las denuncias que presentó Función Pública, Procuraduría Fiscal y la propia Auditoría Superior; que Auditoría Superior está ya presentando las denuncias; hay materia, hay materia y, desde luego, quien tiene la responsabilidad es la propia Fiscalía General”, explicó.
El titular de Segalmex declinó decir si entre las denuncias presentadas hay alguna que apunte a su antecesor, Ignacio Ovalle Fernández, pero tampoco lo negó.
“Eso no lo puedo yo decir, porque son investigaciones que la Fiscalía lleva; yo no puedo adelantar, señalar culpables, pero de las investigaciones, que se derive lo que corresponda”, señaló.
El titular de Seguridad Alimentaria Mexicana reconoció que la dependencia se encuentra todavía bajo auditorías, tanto de la ASF como internas, además de que ya está en revisión la Cuenta Pública 2021, donde ya empiezan a surgir las irregularidades que deberán ser subsanadas.
“Del ejercicio 2019 y 2020; también hay de 2021. Estamos integrando las auditorías, se han realizado 48 auditorías a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Algunas están en marcha, algunas de ellas, y desde luego tenemos mucho interés en lograr plena transparencia, integrar con toda fuerza los objetivos para los que fue creado Segalmex y, bueno, estos eventos dan fe de que, efectivamente, vamos en el camino de consolidar una institución que es vital para un gran sector de la población de este país”, aseveró el directivo.
La SFP detectó faltantes por más de nueve mil 518 millones de pesos en 2019 y 2020, por lo que promovió 38 denuncias ante la FGR. Además, el Órgano Interno de Control de Segalmex abrió 618 expedientes por presuntas responsabilidades de servidores públicos.
Sin embargo, Cota Montaño evitó referirse a los montos que todavía están en recuperación, porque son dinámicos y siguen las negociaciones para recuperar los recursos desviados.
Subrayó que dentro de las 32 denuncias formuladas por Segalmex hay empresas, muchas de las cuales se han acercado para buscar un acuerdo resarcitorio.
“Están demandadas varias empresas. Hay denuncias a empresas por factibles daños, que tienen que deslindar. Y en el caso, tendríamos que tomar un criterio con la Función Pública, con la propia Fiscalía, la Auditoría Superior y Segalmex, para que, en el caso de que se considere correcto la devolución de esos recursos, se puede establecer un criterio y un canal de restitución del daño”, explicó.
Agregó que, por lo pronto, varias de estas compañías han tenido acercamientos con la dependencia para alcanzar un acuerdo resarcitorio y evitar que se judicialice su caso; además, los cerca de 900 millones de pesos que fueron desviados para invertir en la bolsa, en una caja de ahorro popular en Chiapas, ya fueron recuperados en su totalidad.
“El tema se dio en los convenios con empresas privadas, con un buen número de empresas privadas que recibieron dinero por adelantado y que se constituyeron en hechos irregulares. Muchas empresas han manifestado su interés de regresar esos recursos”, dijo.
PAN busca que Cota rinda cuentas a los diputados
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén solicitará la próxima semana la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación del director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, para que explique las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas en 2019, las cuales ascienden a ocho mil 636 millones de pesos.
Aseguró que Cota Montaño debe aclarar los presuntos desfalcos millonarios y actos de corrupción denunciados en el organismo descentralizado, sobre todo en Diconsa y Liconsa.
En reunión de trabajo ayer, los diputados morenistas Daniel Gutiérrez Gutiérrez y Miguel Prado de los Santos le pidieron al priista y presidente de la comisión, Pablo Angulo Briceño, hacer una moción de orden y no permitir que los trabajos de ese grupo se “politicen” con temas partidistas.
El otro legislador de Morena, Miguel Prado, reprochó a Pérez-Jaén que señalara a un funcionario cuando su partido tiene a un gobernador en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de “cometer desfalcos y ser un represor”.
Pérez-Jaén les aclaró a los legisladores de Morena que ella no era militante del PAN, estaba en su fracción porque las circunstancias así la llevaron; sin embargo, dijo, la comparecencia del director de Segalmex es necesaria porque las irregularidades detectadas en su desempeño provienen de una auditoría realizada en 2019, la número 283-D, para que tomaran nota.
El diputado panista, Iván Rodríguez Rivera, dijo a los morenistas que “este sexenio es el más corrupto que hemos tenido en nuestra historia; en nuestro partido no solapamos la corrupción y si existen pruebas de irregularidades del gobierno de Tamaulipas preséntelas y cuenten con las firmas de los panistas para que se investiguen”.
Con información de La Razón México
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