La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) arrancó un proceso histórico de verificación y evaluación de los auditores ambientales independientes que colaboran con empresas en sus trámites de certificación ecológica. Esta medida busca frenar irregularidades y garantizar que las auditorías no sean solo un trámite para maquillar la imagen de las grandes industrias.
Actualmente, existen 64 auditores autorizados en el padrón oficial de la Profepa. Estos inspectores son contratados directamente por las empresas para evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental. Sin embargo, la falta de fiscalización sobre su labor ha abierto la puerta a prácticas cuestionables.
El proceso de verificación inició formalmente el pasado 8 de abril, con una revisión al desempeño de un auditor vinculado a la empresa Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esta firma buscaba renovar su certificado ambiental dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Profepa, correspondiente al periodo 2024-2026.
Durante la inspección se detectaron inconsistencias significativas en la auditoría realizada, por lo que la renovación del certificado fue rechazada. La dependencia anunció que hará una verificación adicional para determinar si hubo omisiones deliberadas o incumplimientos legales.
“Para que este proceso realmente le garantice a la ciudadanía que una empresa certificada es segura para el ambiente, vamos a vigilar el trabajo de los auditores y vamos a verificar los procesos de aprobación”, afirmó Mariana Boy, titular de la Profepa.
Este cambio representa una ruptura con la tradición de opacidad y autocomplacencia que por años ha caracterizado al modelo de certificación ambiental empresarial en México. Ahora, se coloca la lupa sobre los inspectores que anteriormente operaban sin una supervisión efectiva.Con esta acción, la Profepa busca recuperar la confianza ciudadana y colocar el interés público y ambiental por encima de los beneficios corporativos. La evaluación rigurosa de los auditores es clave para asegurar que las certificaciones tengan un valor real y no se conviertan en herramientas de simulación.
