Puebla reportó que no hay avances en el Estado de Derecho, es decir, en la aplicación e impartición de justicia, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 (IEDM 2022-2023) realizado por la organización internacional World Justice Project (WJP).
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El Estado de Derecho en Puebla pasó de una calificación de 0.37 a 0.38 en un año, lo que no representó mejoras en la evaluación que reporta que la calificación máxima es de 1.
Con los resultados, dados a conocer en una conferencia este miércoles, refieren que la entidad está entre los cinco estados peor calificados y estancados del país.
La organización señala que la escala que utiliza es de 0 a 1, donde el 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, sin embargo, ningún estado alcanza un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen retos en esta materia.
Los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48) y Aguascalientes (0.47).
Puebla falla en acceso a la justicia y derechos
El reporte muestra que los límites al poder gubernamental, los derechos fundamentales y la justicia penal, son los rubros que tienen una adhesión más débil al Estado de Derecho en la entidad poblana.
El primero se ubica en el lugar número 30 a nivel nacional; con 0.36 de calificación, es decir, sólo después de Quintana Roo y la Ciudad de México.
En este factor se considera el papel de la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.
El segundo, los derechos fundamentales, ubicó a la entidad en el número 31 del país, sin embargo, obtuvo 0.40; mientras que el estado que tuvo la mayor calificación fue Querétaro con 0.58
Los derechos civiles e individuales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están plasmados en este rubro.
El tercero, en relación con la justicia penal que tiene en cuenta el sistema, incluyendo la policía, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces y autoridades encargadas del sistema penitenciario tiene una baja calificación de 0.29, y posicionó al estado en el lugar número 31 a nivel nacional.
Ausencia de corrupción, de lo más destacado
En la ausencia de corrupción, donde en el estudio pasado Puebla tuvo 0.33 puntos; para el periodo 2022-2023 se incrementó a 0.34 puntos, que ligeramente mejoró en un año, según el estudio.
De acuerdo con el reporte, en la materia se consideran tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro subfactores.
Seguridad y justicia civil mejora “poquito”
En relación con el orden y la seguridad, en este periodo, Puebla se localizó en la posición número 20 a nivel nacional; con un puntaje de 0.37; para su medición no fueron incluidos delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, pues no son susceptibles de medirse mediante encuestas.
Y sobre la justicia civil, la entidad se encuentra en la posición 23; con 0.34; para este caso se evalúa si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
Gobierno abierto y cumplimiento regulatorio, son de destacar
Los factores con los que Puebla tiene una adhesión más alta al Estado de Derecho, es en gobierno abierto con 0.51 puntos de 1; que significa que la ciudadanía tiene la posibilidad de “conocer el accionar del gobierno e incidir en sus decisiones”.
En cumplimiento regulatorio, la entidad obtuvo el lugar número ocho a nivel nacional, con 0.41 puntos. En él se examina cómo se implementan y hacen cumplir las regulaciones en temas de salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales.
¿Cómo funciona el IEDMX?
El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 (IEDMX) es la quinta edición del reporte producido por el World Justice Project (WJP) para medir, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 entidades del país.
El IEDMX retoma el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha aplicado por más de una década en el Índice de Estado de Derecho a nivel global, y lo ha adaptado para reflejar la realidad nacional.
En su edición 2022-2023, el IEDMX evalúa ocho factores que enmarcan el concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Según sus resultados, en el último reporte en México se evidencia un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Ningún estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas las entidades tienen aún retos pendientes.
Foto: Agencia Enfoque
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