Un grupo de ejidatarios de San Baltazar Campeche bloqueó, una vez más, la circulación en el Bulevar Valsequillo y Las Torres, en el municipio de Puebla, para exigir la indemnización de tierras ejidales expropiadas hace 50 años, cuyo valor asciende a los mil 200 millones de pesos, de acuerdo a sus declaraciones.
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Esta situación generó afectaciones en automovilistas y usuarios que se encontraban a bordo de la línea 3 de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), quienes tuvieron que descender de las unidades para caminar hasta su destino.
La mañana de este lunes 10 de febrero de 2025, los inconformes tomaron las vialidades para manifestarse por la problemática que ha sido ignorada en cada gestión municipal.
Los pobladores de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, perteneciente a la capital poblana, argumentan que el conflicto se originó hace 50 años, luego de que el gobierno municipal expropió sus tierras.
Sin embargo, es importante acotar que para la figura jurídica del ejido, las tierras no son de los campesinos, sino del ejido, mismo que constituye en sí una persona moral. Estas tierras ejidales, que regula el estado mexicano, son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intrasmisibles, destinadas al trabajo personal de los ejidatarios.
Las exigencias
Acusan que las vialidades que fueron construidas sobre sus predios son la 2, 14 y 24 Sur, así como Bulevar Valsequillo y Río Papagayo, sin consentimiento previo de los ejidatarios.
Las unidades de la RUTA suspendieron su servicio de manera indefinida sobre el polígono, por lo que realizan retornos en Xilotzingo en dirección al norte y Margaritas al sur.
Esta es la segunda vez en menos de un año que los pobladores de la referida comunidad se manifiestan, pues en septiembre de 2024 también cerraron las calles para exigir que las autoridades no fueran omisas a sus exigencias.
En esa fecha, los inconformes aseguraron que contaban con una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Puebla, encabezado en el entonces alcalde Adán Domínguez Sánchez, de indemnizarlos por la expropiación de las tierras ejidales, mismas que fueron expropiadas en 1985, como se lee en el decreto publicado el 3 de enero de 1985 en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento, los inconformes no han exhibido esa sentencia a la que se refieren.
No obstante, la entonces síndica municipal, Guadalupe Arrubarena García, reconoció que la administración municipal heredaría este problema a la actual gestión, pues refirió que el caso continuaba siendo atendido por el Tribunal de Justicia Agraria.
De acuerdo con Arrubarena García, el solventamiento de las investigaciones determinará si existe certeza jurídica que obligue a pagar a las autoridades municipales, además de definir si más instancias podrían estar involucradas.
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